De acuerdo a la prerrogativa que me otorga la Constitución, decidí otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Esta ha sido quizás la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que habiendo cometido excesos y errores gravísimos fue sentenciado y ha cumplido ya doce años de condena.
Como candidato, anuncié que no iba a dictar un indulto. Propuse, alternativamente, la dación de una ley que hiciera posible el arresto domiciliario para personas de su condición. Pero el Parlamento no recogió esta propuesta.
He seguido con preocupación el deterioro gradual en el estado de salud de Alberto Fujimori, quien se encuentra detenido y sancionado justamente desde hace doce años por la justicia peruana. A todos nos es evidente que su gobierno, que heredó al inicio de la década de los años 90 un país sumido en una crisis violenta caótica, incurrió en transgresiones significativas a la ley, al respeto por la democracia y los derechos humanos. Pero también creo que su gobierno contribuyó al progreso nacional.
Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión, porque la justicia no es venganza.
