Que el Tribunal de Aforados sustituía pilares de la Constitución era un argumento que habíamos sostenido desde un principio. Toda la estructura de los poderes del Estado se había construido en la Constitución de 1991 como un todo. Ir desmembrándola, a través de la elaboración de nuevos instrumentos como el Tribunal de Aforados, lo que finalmente hacía era descuajar la estructura misma del Estado y el equilibrio de los poderes.
Lo que hizo la Corte está bien, pues ese Tribunal aparecía como un órgano sin sustento constitucional, por fuera de las estructuras judiciales, no se adecuaba a ninguna de las ramas del poder público.
Lo que también dice la Corte es que en el derecho colombiano, el voto impone derechos y, principalmente, deberes. Si se va juzgar a quienes están ocupando cargos de elección popular, debe hacerlo un organismo también de origen popular, que tenga esa misma legitimidad para juzgar, siempre y cuando se trate de delitos cometidos en ejercicio de esos cargos para los cuales fueron elegidos.
Finalmente, hay que decir que una cosa es que la Comisión de Investigación y Acusación sea poco efectiva, y otra que su naturaleza misma sea inconveniente. Lo que hay que hacer es volverla operativa, mediante una ley estatutaria.
