Lo que ha vivido el país en los últimos días es precisamente lo que no debe ocurrir en un Estado Social y Democrático de Derecho:
El proyecto de tercera reforma tributaria fue mal estructurado, tardíamente divulgado y no consultado oportunamente con los partidos, incluido el de gobierno. Pese a los eufemismos con los cuales se quería disfrazar el esperpento, la ciudadanía es menos ignorante y despistada de lo que cree el Ejecutivo.
Miradas las cosas objetivamente, aunque hubo violencia –lo cual debe ser rechazado, investigado y sancionado–, a nuestro juicio, no fue esa la característica principal de las protestas. Lo fue, indudablemente, el descontento popular, el rechazo a la proyectada reforma y a erróneas políticas gubernamentales en el campo social, el cansancio frente a una administración desconectada de la realidad, empeñada en las apariencias y la imagen, alejada de los derechos y las garantías y poco austera. El presidente de la República sustituyó el diálogo institucional por el autoritarismo; el intercambio fecundo de ideas y propuestas –con miras al consenso– por la imposición arbitraria del proyecto y por la militarización de las ciudades.
Un gobernante verdaderamente demócrata, en un Estado Social de Derecho, escucha, dialoga y procura entender a aquellos a quienes gobierna
