Las tres plagas de Colombia (la corrupción, la subversión y el narcotráfico) siguen haciendo su agosto entre nosotros. La peor de ellas, el narcotráfico. Somos el mayor productor de cocaína en el mundo. Nos aproximamos, pues, a la deplorable categoría de un narcoestado.
El Nuevo Acuerdo Final (NAF) con las Farc vulnera directamente los compromisos de la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” que obliga en particular a Colombia. Va en especial contra el numeral 10 del artículo 3, que dice: “10. (...) los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las Partes”.
Ha de entenderse que lo de las limitaciones constitucionales y los principios fundamentales del derecho interno toca con lo que hubiera al momento de adherir a la Convención, pues de ahí en adelante toda la normatividad posterior debe ajustarse a los severos condicionamientos de la Convención.
Colombia, para quedar bien con las Farc, se ha pasado por la faja este y otros muchos otros compromisos contraídos con la comunidad internacional en orden a combatir el narcotráfico.
