Hay que lamentar que en Colombia todavía el magisterio, y peor aún, el Ministerio de Educación, asuman posiciones de fuerza para sentarse a analizar los asuntos de la educación, en lugar de hacerlo por las vías de una buena política.
Con estos paros todo el mundo pierde: el país, los niños, la credibilidad del Estado y la del cuerpo docente. Y lo peor es que se violenta el derecho de los niños a la educación. Y lo violentan los maestros y el Estado (y los maestros oficiales, no se olvide, son empleados estatales). Llegar a un arreglo pero impuesto después de un paro, denota falta de inteligencia de un país y es una falla política.
Obviamente hay que resolver el problema de atención en salud a los maestros, que es muy deficiente, sin olvidar que ellos han pretendido tener un régimen de excepción distinto al de los demás colombianos. Como si en vez de derechos exigieran privilegios.
Hay una resistencia de los maestros a ser evaluados. Es absurdo que los maestros evalúen a sus alumnos, y ellos mismos no se sometan a evaluaciones, que son oportunidades de mejora, de excelencia, eso no es un castigo.
En remuneración, a ellos se les incumplieron compromisos. Realmente estaban subvalorados y había una deuda de justicia con ellos.
