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Columnistas | PUBLICADO EL 30 marzo 2020
¿SOFOCACIÓN DE UN MOTÍN O LINCHAMIENTO?
Por Fernando velásquezfernandovelasquez55@gmail.com
Los muy dolorosos hechos sucedidos el 21 de marzo en diversas penitenciarías, en especial en la bogotana Cárcel La Modelo donde –según datos oficiales– hubo 23 muertos y 90 heridos, ponen una vez más al desnudo la gravísima situación carcelaria del país; tanto, que –en plurales e incumplidas decisiones– la Corte Constitucional ha decretado el estado de cosas inconstitucional escudada en las condiciones infrahumanas que padecen los reclusos fruto del abandono y la carencia de políticas penitenciarias. Nuestras cárceles –salvo excepciones– son antros diseñados para pisotear a las personas en medio de un autoritarismo pasmoso, verdaderos archipiélagos Gulag –diría Aleksandr Isáyevich Solzhenitsyn– donde la piedad humana se derrumba y los hombres se vuelven meros guiñapos; centros para destrozar la personalidad de los reclusos, imposibilitarles su rehabilitación y la reinserción social y almacenar carne humana.
En esos sitios se observan gravísimos problemas de alimentación, falta de asistencia médica y psicológica, ausencia de insumos sanitarios, hacinamiento, corrupción, carencia de medidas rehabilitadoras, etc.; esto es, privación de los más elementales derechos que un ser humano privado de la libertad requiere para poder pagar su deuda con la sociedad. Elementos mínimos que no suministran las dependencias estatales encargadas de su manutención, pero que tampoco se les permite ingresar a las propias familias a no ser que paguen por ello a ciertos funcionarios penitenciarios.
Así las cosas, no es de extrañar que ante tantas carencias estallen las revueltas y los presos –muy angustiados, como ahora, por la terrible pandemia del coronavirus– se lancen a aciagas aventuras; personas que temen por sus vidas y entienden, con razón, que son caldo de cultivo abonado para el contagio del virus. Tal vez ellos griten desesperados, como el personaje de la novela de Jesús Zárate: “No sé como puedo contemplar sin gritar esta cueva de iniquidad”.
Por supuesto, si se miran las cifras de víctimas reportadas llama la atención –¡y mucho!– que la gran mayoría de ellas sean reclusos y las pérdidas del personal penitenciario sean mínimas; en otras palabras, sin ser experto en criminalística cualquier observador percibe que las muertes y lesionamientos no fueron producto de un entrentamiento, cuerpo a cuerpo, entre reclusos (desarmados o munidos de armas hechizas) y el personal penitenciario (este sí dotado con armamento idóneo), sino que se produjo una posible masacre que avergüenza al país y derrumba las instituciones. ¡Ojalá, pronto, el Instituto Nacional de Medicina Legal dé a conocer los resultados de las necropsias!
Que no se salga, entonces, a los medios de comunicación a decir (¡como en efecto sucedió!) que solo se sofocó una revuelva y se evitó una fuga masiva con los resultados anotados, como si se anunciara el fallecimiento de algunas sabandijas, porque aquí han fallecido bajo el impacto de las balas oficiales seres humanos amparados por derechos constitucionales. El gobierno nacional a través del presidente, el director general del Inpec y la ministra del ramo, tienen que sincerarse con el país y contarle la verdad en torno a lo sucedido.
No puede ser, entonces, que la realización de un motín traiga aparejada la imposición de penas extrajudiciales y se nos diga que solo se “cumplió con la ley”; y no se puede hacer esa afirmación porque su aplicación no puede caminar por los senderos de la irracionalidad desenfrenada, el desbordamiento en el ejercicio de la represión y la muerte. Lo decimos porque, para recordar a Fiódor Dostoyevski en su desgarrador libro “La Casa de los muertos”, “estos ciegos ejecutores de la ley no comprenden nunca, ni jamás están en condiciones de comprenderlo, que la aplicación de la ley, sin preocuparse de desentrañar su espiritu, conduce directamente a la rebelión y no a otra cosa”.
En un país civilizado, pues, una atrocidad como la ocurrida el aciago día 21 no puede pasar desapercibida y los culpables pasar de agache, porque ellos tendrán que responder ante las autoridades judiciales respectivas y la comunidad internacional.
