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Sobre el proceso en contra de Álvaro Uribe, hay una conclusión clara: No hay pruebas para condenarlo. A menos de 10 días del fallo histórico que definirá el futuro de la democracia colombiana, junto con un grupo de respetados juristas del país, analizamos -con total rigor jurídico- lo que los colombianos observamos después de 67 audiencias. Hoy, con la venia de los colegas firmantes, comparto el documento en este espacio.
En la actualidad, el concepto de lawfare o “guerra jurídica” ha cobrado relevancia en América Latina, convirtiéndose en una herramienta utilizada por diversos actores políticos para deslegitimar y debilitar a sus oponentes. Este fenómeno no solo afecta la política, sino que también impacta profundamente la independencia judicial, un pilar fundamental de la democracia.
El lawfare se refiere al uso de instrumentos legales para perseguir, deslegitimar o silenciar a adversarios políticos. Esta práctica implica la cooptación y el abuso del sistema judicial, donde las leyes y su manipulación interpretativa se convierten en armas persecutorias en lugar de herramientas para la justicia. El lawfare se manifiesta en diversas formas, desde la apertura de procesos penales infundados hasta la manipulación de la opinión pública a través de campañas judiciales, malas prácticas de prejuzgamiento en violación de la presunción de inocencia y la filtración de información judicial a medios de comunicación y redes sociales de manera selectiva para lograr y condicionar juicios de valor mediante “condenas por la prensa”. Se podría decir que el lawfare podría implicar la “politización de la justicia” o la “judicialización de la política”; fenómenos que llevan al mismo objetivo: establecer obstáculos judiciales respecto de ciertos perfiles políticos para impedir su carrera electoral, vulnerando el derecho de participación política esencial en una sociedad democrática.
En Colombia el lawfare ha encontrado terreno fértil en los últimos años, especialmente en el contexto del deterioro de la democracia, la corrupción y la polarización política, lo que genera gran preocupación sobre el futuro de nuestra justicia. Uno de los ejemplos más significativos del lawfare en Colombia es el proceso penal que se sigue desde hace siete años contra Álvaro Uribe Vélez. Uribe ha enfrentado múltiples investigaciones por presuntos delitos dentro de una narrativa mediática relacionada con una supuesta complicidad con la creación de grupos paramilitares. Este caso ha generado un intenso debate sobre la utilización del sistema judicial para fines políticos y ha polarizado aún más a la sociedad colombiana.
De la observación y seguimiento del juicio público al presidente Uribe, transmitido en vivo por los medios de comunicación social, se puede afirmar que es el caso paradigmático de lawfare o persecución judicial en Colombia. De las declaraciones de los numerosos testigos, y del análisis de los documentos, y pericias técnicas y científicas que se presentaron en las múltiples audiencias, se concluye que el llamado “Caso del Siglo”, fue un burdo montaje y una campaña de descrédito urdida por los adversarios y detractores políticos del ex presidente, y cohonestada por una Fiscalía militante, para mancillar su buen nombre, enlodar su legado histórico, deslegitimar su lucha política, y reducir su ascendencia ante los más amplios sectores de la opinión pública. Del acervo probatorio se deduce que la acusación penal de la Fiscalía por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, no está fundada en ninguna prueba sino construida con base en testigos mendaces, y contradictorios, como lo son Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, tan solo conocidos por su prontuario criminal.
Agrava el panorama, que se trató de un montaje judicial en que se desconocieron las garantías básicas del derecho a un juicio justo y al debido proceso, establecidas en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, con irregularidades como las siguientes, entre otras: Uribe fue víctima de una interceptación telefónica ilícita ordenada por “error” de la autoridad judicial en marzo de 2018, y pese a la advertencia del “error” por parte de los operadores judiciales, las escuchas se prolongaron ilegalmente durante más de un mes; se avalaron y se aportaron al proceso grabaciones de las conversaciones entre el presidente y sus abogados que gozan de absoluta confidencialidad; y en fin, se filtró información procesal con reserva legal a los medios de comunicación, con el propósito de promover ante la opinión pública una percepción de culpabilidad del presidente Uribe, afectándose su presunción de inocencia y sus derechos humanos.
La revelación de estas prácticas, conocidas públicamente por el país antes del juicio, han generado escándalo e indignación nacional e internacional en desmedro de la independencia judicial, ponen en duda la legalidad del proceso, y dejan en evidencia, que la manipulación de la justicia con fines políticos está enraizada en el sistema judicial colombiano.
El lawfare contra Uribe representa el mayor desafío para el sistema judicial en Colombia. La sociedad civil, las fuerzas vivas del país, y las instituciones tienen una inquebrantable confianza en la transparencia de los jueces que deben dirimir el proceso del ex presidente de la República, fundando la sentencia estrictamente en consideraciones de derecho, ajenos a cualquier polarización política. La lucha contra el lawfare es una prioridad para garantizar un sistema judicial robusto, imparcial y verdaderamente independiente, como exigencia básica para la consolidación de nuestra democracia y del Estado de Derecho.
*Amir Nayi Abushihab Collazos, Enrique Berrío Mendoza, Javier Cortázar, Ángela Echeverri Arcila, José Alfredo Escobar Araújo, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio Fajardo, Juan José Gaitán Gómez, Bernardo Henao Jaramillo, Ernesto de Francisco Lloreda, Carlos Márquez Escobar, Ricardo Moreno Moreno, Juan Navarrete, María Clara Posada Caicedo, Juan Carlos Prías, Patricia Salgado.
