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Regresamos al pasado en materia de seguridad, por el accionar criminal de organizaciones narcoterroristas que se han fortalecido con los 13 ceses al fuego ordenados sucesivamente por el Gobierno Petro, desde diciembre de 2022, incluido el Decreto 0448 del 17 de abril, Jueves Santo, que suspendió las operaciones ofensivas y especiales contra el grupo terrorista Estado Mayor Central de las FARC, liderado por alias Calarcá, responsable del pérfido ataque al pelotón del Batallón de Infantería No. 19 José Joaquín París, en el que fueron asesinados un suboficial y seis soldados profesionales, y secuestrados cinco más. Paradójicamente, dicha Unidad Militar desarrollaba tareas de seguridad en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación del corregimiento Charras, en San José del Guaviare, donde se instalaron exmiembros de las FARC que se acogieron al Acuerdo de La Habana.
Pero este no es el único frente que tenemos que resolver, la crítica situación de País nos obliga, como he repetido, a construir una plataforma desde la sensatez que resuelva los problemas estructurales que nos aquejan, agravados por la improvisación, el radicalismo ideológico y la incapacidad del actual Gobierno.
Por eso es tan importante la hoja de ruta para liberar el potencial de las personas y del país, L3P, que presentó el 23 de abril en el marco de la Cumbre Espíritu Empresarial, el Instituto de Ciencia Política (ICP), liderado por Carlos Augusto Chacón. Esta guía representa un punto de inflexión para superar décadas de un modelo de intervención estatal excesiva.
L3P plantea una profunda reforma al Estado, para hacerlo limitado, eficiente y orientado a resultados, sustituyendo el modelo de control y clientelismo por uno basado en libertad, creación de valor y autonomía individual, con cinco ejes:
1- Reforma estructural del Estado: implica rediseñar instituciones para enfocarlas en resultados medibles; reducir el gasto, eliminando duplicidades burocráticas para alcanzar déficit cero; trasformar la justicia; reformar los órganos de control; modernizar el sistema político -fortaleciendo el control ciudadano y promoviendo datos abiertos-,y profundizar la descentralización.
2- Crecimiento económico basado en libertad: propone un proceso de desregulación profunda, simplificación de trámites y eliminación de barreras a la inversión; protección de la propiedad privada y reducción de cargas fiscales; flexibilización laboral; independencia y estabilidad del Banco de la República para preservar el poder adquisitivo.
3- Seguridad para liberar el territorio y a las personas: política de seguridad estratégica que reconozca el crimen organizado como fenómeno adaptativo; fortalecimiento de capacidades operativas y tecnológicas de la Fuerza Pública, y respaldo jurídico mediante reformas al Derecho Operacional y la Justicia Penal Militar; creación de un Sistema Nacional de Seguridad Urbana (basado en innovación, participación ciudadana y tecnología), y de una Fuerza Intermedia para enfrentar amenazas híbridas en corredores estratégicos.
4- Infraestructura, energía y medio ambiente con reglas claras: estabilidad jurídica para la inversión en infraestructura y energía; promoción de la autosuficiencia energética diversificando fuentes (incluyendo fracking con criterios técnicos); creación del Fondo Ciudadano de Capitalización (FCC) para convertir regalías en ahorro individual para los colombianos.
5- Transformación del sistema educativo y de generación de conocimiento: garantizar autonomía educativa; subsidiar la demanda en lugar de la oferta; crear un sistema de certificación abierto y flexible que reconozca competencias reales; y, hacer efectiva la articulación de educación, ciencia y sector productivo para impulsar innovación y productividad.
Ánimo Colombia, sí hay una ruta.
