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Después de que el pasado jueves 25 de marzo el Juzgado 55 de Conocimiento de Bogotá decidiera declarar infundada la recusación presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra de la Juez 44, el día de ayer se reanudaron las audiencias del montaje liderado por Iván Cepeda y Eduardo Montealegre.
Debo reconocer que hacía parte de esos miles de colombianos que tras la impugnación de la tutela en la Corte Suprema, esperábamos con ansias la decisión de la Juez 55, albergando -muy en el fondo- una lucecilla de esperanza. Confiaba en que se estudiara juiciosamente la motivación del recurso magistralmente sustentado y se garantizaran, en consecuencia, los derechos al debido proceso y a la administración de justicia. No obstante la desilusión natural por el resultado, el sentido del fallo no me tomó por sorpresa.
El 20 de marzo en un trino de X ya había manifestado que en mi concepto era muy difícil que el recurso saliera bien. Apelando al sentido de realidad, la experiencia da cuenta de que por solidaridad de colegaje es casi imposible que un juez de la misma jerarquía de otro, decida declarar procedente la solicitud de recusación.
En una especie de Efecto Pigmalión, la profecía se materializó y la Juez 55 decidió mantener como directora del proceso a la señora Heredia que, hasta la fecha, ha actuado en reiteradas ocasiones como abogada de parte de las supuestas víctimas y no como juez imparcial, cuál es su mandato constitucional.
Pese a ello y gracias al Sistema Adversarial consagrado en la Ley 906 de 2004 que contempla un modelo oral, público y contradictorio; se ha permitido el vital escrutinio directo del proceso por parte de la ciudadanía y ahora no hay narrativa que alcance, porque todos los abusos son observados.
La juez 44 no será apartada del caso, de eso ya no queda duda. Sin embargo, tampoco queda duda, porque lo hemos presenciado en vivo y en directo, de que más allá de las dinámicas propias de la rama judicial en Colombia que impiden que por subordinación, por cálculos o por camaradería se actúe en estricto derecho; el país y la Comunidad Internacional ya conocen los alcances de esta juez ideologizada.
Sandra Liliana Heredia ha llegado al punto de acusar de forma permanente a la defensa de ejecutar maniobras dilatorias; de maltratar públicamente al presidente Uribe impidiéndole ejercer su derecho a la defensa material; de ignorar las señas, papelitos, apagones de cámara, mensajes al celular y comunicación de mala fe entre los testigos y el equipo de la fiscalía; de atropellar las audiencias para impedir el ejercicio de una defensa debida y de permitir que se vulnere una y otra vez la presunción de inocencia del expresidente por parte de las supuestas víctimas, sirviendo ella públicamente de validadora de esta rebeldía contra el ordenamiento jurídico.
Hasta la fecha, lo único cierto aparte de el sesgo evidente de la juez en cuestión, es que si el proceso se sujeta a la práctica probatoria, como debe ser, la decisión del juicio no puede ser otra que la absolución. Todas las pruebas son favorables a la teoría del caso de la defensa: Ningún testigo ha señalado a Álvaro Uribe de haber hecho nada indebido. Ninguno. Ni Cepeda, ni Deyanira, ni Monsalve. En cambio, todos ellos han dejado en claro la peregrinación por las cárceles desde 2009 y por fuera de las competencias constitucionales, de Cepeda y Piedad Córdoba buscando pruebas contra los hermanos Uribe Vélez.
Algunos dirán que por qué en apenas tres columnas que llevo siendo parte de este medio, dedico dos a este caso, pero perdónenme que insista: Una justicia ideologizada, no solo atenta contra la dignidad de quien le incomoda al régimen, sino que pone en riesgo las libertades de TODOS.
Quienes valoramos la justicia como bien superior, y más allá de afinidades o animadversiones personales, debemos seguir de cerca este proceso con el que instrumentalizan el sistema para aniquilar al líder de la oposición -coincidencialmente, previo a elecciones-.
Si todos permanecemos vigilantes, no habrá mentira que les alcance.
