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Se está discutiendo en el Concejo de Medellín el proyecto de Acuerdo 012 de 2024, mediante el cual se autoriza a EPM para vender sus participaciones accionarias en UNE y EMTELCO. De darse esa autorización y concretarse la enajenación, EPM saldría completamente del negocio de las telecomunicaciones, lo que está tratando de hacer desde hace 30 años.
Las leyes 142 y 143 de 1994 produjeron una extraordinaria transformación del sector de servicios públicos domiciliarios en el marco de la cual EPM se convirtió de empresa municipal, confinada al Valle de Aburrá, en la matriz de un grupo empresarial con presencia en otras regiones de Colombia y otros países de América Latina.
Durante toda la expansión nacional e internacional de sus actividades, EPM ha tenido que lidiar con una asimetría institucional de acuerdo con la cual las decisiones de compra de activos se toman con criterio fundamentalmente financiero mientras que en las de venta intervienen consideraciones de tipo político. Las inversiones las autoriza la Junta Directiva, que se presume es un organismo técnico, mientras que las desinversiones las debe autorizar el Concejo Municipal de Medellín, que es evidentemente político.
Al parecer, la mayoría de los concejales están convencidos de la conveniencia de la enajenación de esa participación, pero algunos tienen resistencias alegando falta de claridad sobre la valoración el activo y el empleo de los recursos. También hay resistencia por parte de los sindicatos que temen ver desmejoradas las condiciones laborales.
Tal como está el proyecto de acuerdo, los recursos de la eventual venta llegan a EPM y pasan por el balance, en lo fundamental, solo una pequeña parte - ganancia en enajenación de acciones, si la hay - pasaría por el estado de resultados afectando las transferencias al Municipio. La propuesta del Alcalde de invertirlos, desde EPM, en una estación de transferencias, conectividad, startups tecnológicas y capacitación en habilidades digitales, debe ser aprobada por la Junta Directiva, como corresponde al gobierno corporativo.
Hace unos 25 años, el Concejo de Medellín rechazó un proyecto de acuerdo por medio del cual se autorizaba la escisión del negocio de telecomunicaciones de EPM y su transformación en una sociedad por acciones que se venderían al público. En ese entonces, el corazón del negocio era la telefonía fija conmutada, el internet y la telefonía celular apenas despuntaban y la telefonía de larga distancia era aún un monopolio extremadamente rentable. Las empresas multinacionales que se lanzaban a la competencia compraban operadores de telefonía fija y las transacciones se tasaban un precio unitario por línea de telefonía fija conmutada.
A mediados de los años 90 del siglo pasado, EPM tenía 800.000 líneas fijas que se estaban pagando a US$ 1.500. Es decir, su negocio de telecomunicaciones valía unos US$1.200 millones, que hoy, ajustados por inflación, equivalen 2.400. No creo que los concejales de hoy repitan el error de los concejales de entonces, quienes con su decisión causaron una gigantesca destrucción de valor alegando defender el patrimonio público.
