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En plena campaña política sigue estando en el ambiente, como fórmula para atraer votos, la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente o llamar a los ciudadanos a un referendo, dos instituciones presentadas como mecanismos indispensables para superar en forma racional las dificultades y desacuerdos que vive el país.
Ambos llamados son absolutamente innecesarios y políticamente interesados. Eso sí, tienen en común su supuesta o real intención de presentar la Constitución de 1991 como un texto que ya cumplió sus objetivos, de manera que debe imponerse la idea de que para mejorar nuestra convivencia social se hace necesario reformarla y reemplazarla por otra que realmente cumpla con las condiciones de legitimidad política y universalidad social, necesarias para el pleno desarrollo de nuestra sociedad.
Se trata de argumentos falaces, cuyo único propósito consiste en elaborar fórmulas de cambio, artificiales e inesperadas, y ganar adeptos, entre quienes, a su vez, apoyarían al candidato del partido o movimiento inspirador de la presunta receta liberadora.
La Asamblea Nacional Constituyente, concebida en los años 90 como una Asamblea Nacional Constitucional encargada de consagrar algunas disposiciones, necesarias para ampliar los espacios de participación ciudadana, para acercarnos a una verdadera y duradera paz, terminó por convertirse en una Asamblea Constituyente, que en lugar de reformar algunos aspectos de la Carta, terminó por efectuar un cambio total del orden constitucional y elaborar un reglamento mediante el cual se dispuso que ni la asamblea, ni los actos que ella expidiera, podían ser objeto de control judicial. Es decir, la asamblea se convirtió en un gran órgano constituyente, sin límites materiales, ni formales.
Este antecedente histórico ha dejado una valiosa enseñanza que no puede pasarse por alto: Una asamblea constituyente convocada para un determinado objeto, puede desde su propio reglamento, modificar y extender su objeto, para transformar todas las instituciones del Estado, incluyendo el modelo político y su esquema como organización sujeta a un determinado orden jurídico.
Algo similar puede ocurrir con el referendo. Si bien, en su convocatoria se le pueden señalar limites y fronteras, la esencia de su funcionamiento va a depender del número de preguntas que se formulen, del contenido y extensión de cada pregunta, del liderazgo de quien o de quienes propongan su convocatoria. Si se formulan pocas preguntas genéricas, su implementación queda al arbitrio del órgano ejecutivo. Si las preguntas son más concretas, va a existir una gran probabilidad de que el ciudadano sea manipulado y termine contestado, por la complejidad de las preguntas, no lo indispensable para el buen orden ciudadano, sino lo que le recomienden ciertos cabecillas políticos. No olvidemos que históricamente el universo de preguntas ha sido manipulado por los gobernantes de turno, de manera que el supuesto referendo termina convirtiéndose en un peligroso plebiscito.
Por último, es necesario recordar que muchos de los males, supuestamente atribuibles a las instituciones constitucionales, en realidad se presentan por causa de las personas. Son éstas, las que deben cambiar y no las instituciones.
