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En Colombia, las tragedias rara vez llegan sin aviso. No son hechos imprevisibles. Suelen estar precedidas por informes técnicos, advertencias institucionales y diagnósticos. Lo que falla no es la información, sino la voluntad de actuar a tiempo.
La Procuraduría ha advertido sobre un posible “riesgo sistémico” en el transporte aéreo colombiano, señalando deficiencias que, de no ser atendidas, podrían comprometer la seguridad de miles de personas. No se trata de una advertencia menor. Es el resultado de meses de evaluación sobre infraestructura tecnológica obsoleta, equipos fuera de servicio, problemas de comunicación y una preocupante sobrecarga de trabajo en los controladores aéreos.
El diagnóstico, por tanto, está hecho. La cuestión es otra: ¿qué hacer frente a él?
La Aeronáutica Civil (Aerocivil), como parte del Ejecutivo y ente rector del transporte aéreo, aún no se ha pronunciado, posiblemente esperando autorización del Presidente de la República para hacerlo. Por su parte, la Procuraduría está evaluando la posibilidad de iniciar procesos disciplinarios contra el director y otras cabezas de la Aerocivil.
En el ámbito del derecho público, la respuesta no depende de la certeza absoluta del daño, sino de la previsibilidad del riesgo. La administración no está llamada únicamente a reaccionar frente a hechos consumados. Ese es el núcleo del deber de diligencia estatal y de la responsabilidad por falla del servicio: no basta con actuar cuando el daño se materializa, es necesario evitarlo cuando resulta anticipable. El problema es que la prevención exige decisiones incómodas. Implica intervenir antes de que exista una crisis visible, reasignar recursos, corregir estructuras y, en ocasiones, asumir el costo de decisiones que pueden parecer prematuras. Por el contrario, la inacción suele ser más cómoda en el corto plazo: no genera fricción inmediata ni exige explicaciones urgentes. El problema es que traslada el riesgo hacia el futuro.
No se trata de promover decisiones irreflexivas ni de convertir la precaución en una excusa para intervenir sin límites. El desafío es más exigente: construir instituciones capaces de evaluar riesgos con seriedad y actuar proporcionalmente frente a ellos, incluso cuando la información es incompleta. Esto implica reconocer que la inacción también es una forma de decisión, y que sus consecuencias pueden ser tan graves como las de una acción equivocada. La verdadera medida de la eficacia institucional no está en su capacidad de responder a la crisis, sino en su disposición a evitarla. Porque, en últimas, el mayor riesgo no es desconocer los problemas, sino conocerlos y no actuar a tiempo.
En un país acostumbrado a reaccionar, la verdadera madurez institucional consiste en anticiparse. El verdadero desafío jurídico no es saber qué pasó, sino asegurarnos de que las instituciones administrativas estén cumpliendo con sus obligaciones para poder actuar antes de que el hecho suceda. Porque, como lo demuestran una y otra vez nuestras tragedias, lo imperdonable no es no haber sabido, sino no haber actuado.
