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Columnistas | PUBLICADO EL 29 abril 2021
Ley de solidaridad sostenible
Por Jorge Barrientos Marín*
@jhbarrientos
En el año 2018 el Gobierno tramitó la Ley 240, llamada Ley de Financiamiento, que en su momento buscaba recaudar 14 billones de pesos para completar el presupuesto de 2019. Era poco, pero las necesidades eran otras. Hace unos días, radicó ante el Congreso el proyecto de Ley 594 de 2021, con el churrigueresco nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, que busca recaudar $25 billones para pagar deuda y atender una agenda social de 10 billones de pesos. Está fuera de discusión la necesidad de la reforma tributaria. Lo que debería estar en discusión es cuándo tramitarla (el tiempo no es el mejor aliado), y cómo diseñarla para que sea estructural, técnica y coherente con el momento social, pues la crisis sanitaria nos ha puesto en un punto crítico. Es un imperativo ético y un deber moral proteger a los más vulnerables. Para ser justos, las reformas de los últimos 20 años han apuntado correctamente sin lograr dar en el blanco.
Enumero rápidamente los dos grandes problemas del proyecto de ley solidaria. Primero, cae en la tendencia a gravar principalmente a los habituales: asalariados formales (vía renta y patrimonio) y sociedades. No toca a los informales pudientes (profesionales cuenta propia, comerciantes, ganaderos, etc.). Segundo, en los asuntos fiscales no hay un gran compromiso de austeridad en el gasto público, no presenta una estrategia de ataque frontal a la elusión y la evasión, no habla de dotar a la Dian con más y mejores herramientas o la posibilidad de enajenar activos poco estratégicos, esto permitiría recaudar aproximadamente $50 billones adicionales.
Hay dos aspectos en la ley que son rescatables (pero han sido erróneamente enfocados y mal comunicados). Primero, bajar el piso para la declaración de renta (desde 2.5 millones de pesos). No es malo buscar más contribuyentes, pero hay que buscarlos donde están. De acuerdo con cálculos del Grupo de Macroeconomía de la U. de A., cerca de 37 % de los ocupados que deberían declarar no lo hacen, o lo hacen incorrectamente, son informales de ingresos superiores a $4.5 millones/mes. Según esto, parece más eficiente y progresivo buscar mecanismos para formalizar y fiscalizar a los contribuyentes actuales, pues hay más informales en tales condiciones en los actuales declarantes que los que habría en los nuevos declarantes que la ley pretende captar (estos últimos estarían, nuevamente, concentrados en asalariados).
Segundo, respecto al IVA hay dos discusiones que deben separarse. De un lado, la concerniente a ampliar la base de bienes: tampoco es malo gravar más bienes como los suntuarios y algunos no básicos; pero, equivocadamente, el proyecto de ley pretende, por ejemplo, sacar del grupo de bienes excluidos a la energía eléctrica y el gas natural domiciliario (pagarían 19 %). De otro lado, eliminar la categoría de bienes exentos y pasarlos a excluidos podría traer pocos beneficios en términos de recaudo, pero sí mayores costos sociales en términos de aumento de los precios al consumidor. Esta maniobra implicaría que la devolución esperada por los productores de bienes exentos se vuelve un costo que, naturalmente, se pone al precio final del bien y sería asumido por los consumidores. Más de 30 bienes, algunos alimentos básicos, pasaría a ser excluidos, lo que es ciertamente regresivo.
En conclusión, es una reforma mal diseñada y poco creativa para captar nuevos contribuyentes. Su futuro en el Congreso es poco promisorio
* Director Centro de Investigaciones y Consultorías, CIC, Universidad de Antioquia.
