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Daniel Quintero utilizó la Alcaldía de Medellín para lograr el ascenso social. Dejando atrás su precariedad económica como principal estrategia de campaña, la figura del candidato que lagrimeaba con el hambre en la niñez o el individuo que afirmaba que su mayor debilidad era la bondad porque podrían aprovecharse de ella. Su avaricia le hizo olvidar la promesa de un mejor futuro que nunca tuvo un buen comienzo, su conmoción por el hambre porque en su administración el 24% de los ciudadanos la padecen – con un mayor reporte en los hogares con niños menores de 6 años – y la inexistencia de la independencia para los esclavos de su egocentrismo.
El benévolo alcalde aseguró que construiría un futuro habitado por los niños de la ciudad. Sueño desdibujado por una Secretaría de Educación que priorizó la malversación de fondos en los contratos de la alimentación escolar y la promoción de candidatos para continuar su legado de corrupción. La entidad le dio vía libre a la campaña de Albert Corredor, pero puso en jaque, por primera vez en sus 18 años de existencia, al programa Unidad de Atención Integral (UAI) que opera en las Instituciones Educativas Públicas como apoyo a los procesos de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad, talentos excepcionales, trastornos del aprendizaje, población étnica, migrante y en condición de enfermedad. El 13 de julio anunció que la continuidad de los contratos de 300 docentes y la atención de 14.000 niños dependía de decisiones presupuestales del Concejo Distrital.
“Los fachos en converse” como dice la Gestora Social, Diana Osorio, son los recurrentes villanos en los discursos de su esposo para justificar el desastre administrativo. Dentro de su narrativa de ciencia ficción afirma que la falta de graderías para ver el Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores y la suspensión de la UAI son consecuencias de la negativa del Concejo de Medellín de aprobar la solicitud de transferencias de EPM por $330.000 millones. Parece que sus cuentas de Twitter no tenían los caracteres suficientes para esclarecer que dentro del Proyecto de Acuerdo que buscaba autorizar la transferencia extraordinaria no se encontraba el rubro de contratación de docentes para la unidad o la Feria de las Flores. Tres años de batallas con enemigos imaginarios lo hicieron abandonar las convicciones de su Plan de Desarrollo acerca de la deuda histórica de la ciudad con la población con discapacidad al punto de olvidarla en el actual presupuesto de $7,3 billones.
A los incumplimientos por parte de la administración se le une la legislación que ampara el derecho de los niños a una educación inclusiva. Las mentiras de un alcalde no están por encima de la Ley 115 de 1994 que estipula que la educación de las personas con limitaciones o capacidades excepcionales es parte del servicio público educativo o el Acuerdo Municipal Nº21 de 2005 que institucionaliza la UAI y establece en su artículo séptimo que “la Administración Municipal dispondrá de los recursos del Plan de Desarrollo para el funcionamiento de este programa”.
Quintero tomó el presupuesto de Medellín como soporte para su futuro económico, a sus candidatos como garantía de su futuro político y a los niños como arma discursiva que nunca se tradujo en una preocupación real. Su administración, llena de ambiciones personales, dejó una ciudad donde “se llama a lista” en eventos electorales de inscripción de firmas para avalar una candidatura, pero no en las aulas que garantizan la inclusión educativa de la población vulnerable.
