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En medio de una creciente ola de lawfare regional, el proceso contra el presidente Álvaro Uribe dejó de ser una controversia jurídica para convertirse en un pulso entre la justicia independiente y el poder ideológico.
Lo anticipamos con Brasil y lo sufrimos con Venezuela: el primer paso para aniquilar una democracia es judicializar al liderazgo que le dio forma. Uribe, para algunos un hombre, para otros un símbolo, encarna el último bastión de la democracia liberal latinoamericana. Su caída, de consumarse por vías artificiosas, sería no sólo una injusticia personal, sino un golpe letal a la seguridad jurídica del continente.
La operación ya está en marcha: una fiscalía que perdió el pudor técnico y el deber ser constitucional y una juez que se ha mostrado -y ojalá me equivoque- más determinada a evitar la prescripción y a agradar a las huestes digitales beligerantes de Cepeda, que a rendirle cuentas al ordenamiento jurídico de forma responsable y equilibrada. Desde que inició la audiencia, la fiscal Marelén Orjuela demostró que su norte no era el esclarecimiento objetivo de los hechos -como lo ordena el artículo 250 de la Constitución y el 115 de la Ley 906- sino encajar forzadamente la realidad en la narración de su mentor, Eduardo Montealegre, el Mozo del taburete de Santos: Argumentó con base en testimonios contradictorios y sin pruebas materiales, ignoró la inexistencia del delito según dos fiscales anteriores e hizo malabares jurídicos para revivir una teoría desahuciada por la evidencia.
A la juez 44, le corresponde ahora un deber que no excede su rol constitucional. Debe decidir si se somete al imperio de la ley o a la presión del petrosantismo y sus aliados ideológicos. Si respeta la presunción de inocencia, la carga probatoria, el principio de imparcialidad y el estándar de duda razonable; no hay una sola razón para condenar al Presidente. Pero si, como algunos tememos, responde a líneas políticas y no jurídicas, y cede al terrorismo digital, entonces será la justicia la que arda junto a Troya. En el entretanto, en Washington los radares están encendidos. La administración Trump, de la mano de Marco Rubio, no ha titubeado en exponer que Colombia es su mayor aliado en el hemisferio sur y cómo lo ha reiterado en comunicados y editoriales, observa con atención este proceso. Álvaro Uribe Vélez no es solo una figura nacional: es un referente continental de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la defensa de los valores republicanos. Estados Unidos no está dispuesto a tolerar que el líder de la oposición de su mejor aliado, sea despojado de sus derechos con argumentos más cercanos al panfleto político que al derecho penal.
El ultimátum que dio Donald Trump no es retórico: Instrumentalizar la justicia podría implicar sanciones individuales, cancelación de visas, congelamiento de activos, y el aislamiento diplomático de quienes traicionen la independencia judicial para congraciarse con las exigencias subrepticias de la FARC en los acuerdos de la Habana. Algo queda claro, las conductas de quienes actúen contrario a derecho, no quedarán impunes. Si la juez decide ceder a apetitos ideológicos, el Tribunal -que habrá de revisar lo actuado- tendrá la responsabilidad histórica de restaurar la majestad del Derecho, aún si las bodegas del petrismo amenazan con incendiar las redes y las calles. El montaje contra Uribe no es un caso judicial: es el espejo de un país que se debate entre la justicia como derecho y la justicia como revancha. Pero aún hay esperanza: El gobierno de Estados Unidos no permitirá pasivamente que Colombia recorra el sendero de Miraflores. Hoy arde Troya, pero aún hay centinelas en sus murallas..
