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Hace unos días, mientras el Dane publicaba la cifra de crecimiento económico, los principales gremios del sector agropecuario reunidos en el 40º Congreso Agropecuario Nacional de la SAC advertían que la inseguridad jurídica en el país, y el aumento creciente de la inseguridad en el campo podrían llevar a una crisis alimentaria y rural. Los indicadores económicos no son buenos, generan pesimismo y esta preocupación genuina causa incertidumbre. Esto haría cierto que la economía va mal y el país también.
La economía decreció -0,3% en el segundo trimestre; la actividad económica que más creció fue la administración pública y defensa, educación, actividades de la salud humana (5,3%) seguida de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, mientras que la construcción disminuyó 8,0% (dentro de ésta, la construcción de carreteras, vías de ferrocarril y otras obras de ingeniería tuvieron un crecimiento negativo de 15,0%) y la industria manufacturera -6,2%. Quizás el dato más preocupante del tercer trimestre lo constituye la caída en la demanda interna (-6,8%), particularmente la inversión en capital fijo que disminuye 11.0% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Tal como han señalado algunos analistas, el crecimiento negativo había estado asociado por lo general a crisis económicas internacionales, especialmente financieras, y al COVID, más no a una conjunción de factores económicos internos como la falta de gestión y ejecución del presupuesto nacional.
El inevitable aumento en la tasa de interés para contener el dañino avance de una persistente inflación, aumento señalado como tardío e insuficiente por expertos cuando comparan con Brasil y Chile, los mayores impuestos en dos sucesivas reformas tributarias, un gobierno con baja capacidad de gestión y ejecución presupuestal y sus anuncios recurrentes de modificación de los marcos jurídicos que rigen diversos contratos del Estado con el sector privado, así como de programas como el de subsidios a la vivienda, explican en gran medida ese crecimiento negativo. Según algunos analistas, el alza actual del precio interno de la gasolina ya sobrepasó el precio internacional equivalente y, por tanto, estaría convirtiéndose en una especie de reforma tributaria encubierta.
La mayor paradoja del cambio frente a dicho contexto lo constituye la ideología de fondo que inspira el mismo: “fortalecer las empresas e iniciativas públicas” (Petro, 2021) y las organizaciones comunitarias o de base, cuando la situación económica actual requiere, por el contrario, más inversión privada, además de la pública. Lo anterior refleja, como dijo Alejandro Gaviria (2023), “una visión del cambio social demasiado rotunda, monolítica, inconsecuente en sentido literal”. Mientras el gobierno persista en despreciar la inversión privada y, por tanto, se mantenga la inseguridad jurídica, continúe aumentando la inseguridad y se sigan haciendo anuncios como el de modificar la regla fiscal o la sociedad de Ecopetrol y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), será muy difícil salir del bajo crecimiento o negativo. Está demostrado que sin inversión privada e innovación no es posible transitar a un país de mayor crecimiento.
