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Durante casi una década, el mecanismo de Obras por Impuestos ha sido una de las políticas públicas más efectivas que ha diseñado Colombia para llevar inversión social a territorios más golpeados por la pobreza y la violencia. No es un discurso aspiracional: es un instrumento que funciona. Funciona porque acorta tiempos, alinea incentivos y convierte el pago del impuesto de renta en obras reales, visibles y transformadoras en los municipios que más lo necesitan.
Desde 2018 hasta mediados de 2025, cerca de cuatro billones de pesos han sido movilizados a través de este mecanismo en casi 300 municipios del país. Acueductos, vías terciarias, escuelas, infraestructura social básica. Obras que no solo cierran brechas materiales, sino que reconstruyen algo aún más escaso: la confianza entre el sector privado, el Estado y los territorios.
Antioquia es un ejemplo contundente de lo que ocurre cuando esa articulación público-privada se toma en serio. Con 55 municipios entre PDET y ZOMAC, el empresariado ha respondido con decisión. Más de 80 proyectos aprobados y más de un billón de pesos comprometidos muestran que, cuando existen reglas claras y capacidad institucional, las empresas responden con inversión y liderazgo en el territorio. Desde Proantioquia hemos acompañado ese proceso con nuestra plataforma de Obras por Impuestos, facilitando encuentros entre proyectos estructurados y empresas dispuestas a invertir, demostrando que la colaboración bien diseñada sí acelera el desarrollo territorial.
Precisamente por eso, hoy el silencio y la indefinición preocupan. Un mecanismo probado, con cronogramas conocidos y responsabilidades distribuidas, no puede quedar en suspenso por falta de decisiones administrativas básicas. A pocas semanas del cierre del banco de proyectos para la vigencia 2026, no contar con equipos técnicos contratados para la evaluación, ni con la definición del cupo fiscal que habilita las inversiones, envía una señal equivocada a quienes han cumplido cada paso del proceso.
A esto se suma un factor adicional de incertidumbre: el incremento abrupto de costos en proyectos ya en ejecución, derivado de cambios macroeconómicos que no fueron previstos en la estructuración inicial como el aumento desproporcionado del salario mínimo. Cuando no existen reglas claras para absorber esos sobrecostos, el riesgo se desplaza silenciosamente hacia los ejecutores y, en última instancia, hacia las comunidades que esperan las obras. Ese traslado de riesgo es ineficiente y erosiona la base misma del mecanismo.
La confianza institucional no se decreta. Se construye cuando las reglas se respetan, cuando los compromisos se honran y cuando las decisiones se toman a tiempo. Durante años, las empresas, las gobernaciones, los municipios y las organizaciones que acompañamos este proceso hemos cumplido. Hemos estructurado proyectos, asignado recursos, respetado procedimientos y apostado por territorios donde hacerlo no siempre es fácil.
Hoy, esa confianza necesita reciprocidad. Asegurar la continuidad de Obras por Impuestos exige decisiones urgentes: definir el cupo fiscal, garantizar capacidad técnica de evaluación y ofrecer claridad sobre el futuro del mecanismo. No hacerlo no solo pone en pausa proyectos; pone en riesgo una política pública que ha demostrado ser eficaz para articular actores, acelerar inversión y cerrar brechas donde más duelen. Las empresas no buscan privilegios. Buscan certeza. Los territorios no piden discursos. Piden obras. El país no puede darse el lujo de debilitar uno de los pocos instrumentos que ha logrado convertir impuestos en desarrollo, y desarrollo en esperanza. Que esa esperanza no termine atrapada en la incertidumbre.
*Presidenta ejecutiva Proantioquia
