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El Gobierno Nacional no acepta que la negociación con el ELN va por un mal rumbo, es fallida. Primero, a través del decreto 0104 del 5 de febrero de 2024, prorrogó el cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal hasta agosto próximo. Segundo, el cese al fuego conlleva a que la Fuerza Pública mantenga suspendidas las operaciones contra esta guerrilla. Y tercero, la Delegación de Paz del Gobierno ante un informe de Inteligencia Militar sobre que los elenos utilizan la negociación para fortalecerse militarmente, sale a desmentir a través de su cuenta de X indicando que “se está difundiendo un documento apócrifo que busca desacreditar este proceso de paz”. El mismo Comando Central (Coce) ratifica lo dicho, en un comunicado del martes 20 de febrero, al indicar que “el proceso entra en abierta crisis (...) los diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional entrarían en una fase de congelamiento”.
La realidad es que el ELN no tiene intenciones de negociar y a esto se suma el error político de permitirle a esta guerrilla que se siga fortaleciendo estratégicamente en su acción armada, control territorial y fortalezca su economía ilícita, que es lo que les interesa.
Mientras las comunidades anhelan la paz, deseando que se logre llevar a los territorios acciones que disminuyan la violencia, este grupo instrumentaliza tal deseo y aumenta su operación aprovechando la omisión, debilidad y complacencia del Gobierno, porque de manera autónoma deciden si hacen o suspenden paros armados, como fue el caso en el Chocó; de hecho, deciden sobre los territorios y sus habitantes.
Todo el actuar del ELN es según sus intereses ilícitos y su discurso reencauchado de lucha entre el capitalismo y el modelo que ellos desean imponer por el control de sus zonas estratégicas, sin que tengan ningún opositor. No les importa la comunidad. Se amparan en el modelo de paz total y en la negociación con el Gobierno, que por cierto no se sabe realmente qué es lo que quiere este grupo con el proceso, que los haga dejar el lucrativo negocio del narcotráfico y de otras formas que les sirven para enriquecerse.
Este problema se agrava con la incidencia de los apoyos internacionales que le permite a la guerrilla operar de manera amplia más allá de las fronteras colombianas y buscar refugio en lugares como Venezuela que, según el portal investigativo Insight Crime, su influencia allí le ha permitido control económico logrando catapultar su logística criminal gracias a redes que conforman con grupos armados y personas que les permiten seguir generando rentabilidad para su lucrativa lucha.
La presencia del ELN en Colombia, según lo reportan informes y documentos investigativos de Inteligencia Militar y de medios de comunicación, evidencia una expansión que llega a 22 de los 32 departamentos del país, con mayor incidencia en Chocó, Nariño, Arauca, Vichada, Norte de Santander y Antioquia. Los actos cometidos y el denominado “congelamiento” de la negociación por esta guerrilla demuestran que la intención de cesar sus acciones ilícitas es nula, que el interés es ser el poder reinante en lugares donde otros criminales les disputan control, como el Clan del Golfo, las Farc residuales y demás actores ilegales.
Que el Gobierno disfrace, minimice u omita lo que acontece con este grupo, solo genera mayores retos a futuro, porque el conflicto armado interno se profundiza cada vez más en cuanto a retos y amenazas para el país y sus habitantes. En su sexto ciclo, es una negociación fallida con el ELN.
