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Colombia avanza hacia un nuevo ciclo electoral con la sensación de que algo se tensiona bajo la superficie. No es paranoia colectiva ni simple exageración mediática: varios tanques de pensamiento, centros de análisis, organismos de inteligencia y asociaciones de la reserva de la Fuerza Pública han advertido —desde miradas distintas— que el país exhibe señales que podrían derivar en un escenario de conflictividad social ampliada. No hablan de un estallido inevitable, sino de la posibilidad real de un “Estallido Social 2.0” si confluyen factores emocionales, institucionales y territoriales que ya conocemos demasiado bien.
El paro de 2021 dejó un mapa claro de vulnerabilidades: frustración juvenil, precariedad urbana, desigualdad persistente y una desconfianza creciente hacia las instituciones. Cuatro años después, no sorprende comprobar que esas causas no solo permanecen, sino que se han profundizado. Informes recientes de diversas organizaciones coinciden en una idea central: la mezcla de incertidumbre económica, polarización política, debilitamiento de la legitimidad institucional y expectativas contrariadas puede convertir cualquier chispa en un catalizador de protesta masiva.
A esto se suma un fenómeno delicado: la confirmación de que algunas decisiones gubernamentales están generando el caldo de cultivo perfecto para que la tensión social se convierta en un instrumento político. Desde reformas fallidas hasta disputas abiertas con órganos de control, pasando por narrativas que cuestionan la independencia institucional, muchos sectores —académicos, reservas y analistas civiles— alertan que estas dinámicas erosionan la confianza pública y alimentan la idea de que, si el candidato afín al gobierno no gana, la calle será el escenario donde se dispute la legitimidad del resultado. No es una predicción, sino la lectura preocupada de un clima emocional que se intensifica.
Los periodos electorales son, por naturaleza, momentos de inflamabilidad social. La expectativa de cambio, el miedo a perderlo todo y las narrativas de fraude o amenaza son detonantes conocidos en cualquier democracia. Pero en un país donde la protesta reciente mostró niveles de organización espontánea, liderazgo horizontal y amplificación digital sin precedentes, el riesgo se multiplica. La movilización ya no requiere grandes estructuras: basta una decisión polémica, una imagen viral o un discurso desafortunado para que la calle vuelva a convertirse en epicentro de tensión.
Sin embargo, esta no es una invitación al alarmismo. Es un llamado a la responsabilidad estratégica. Si algo enseñó el 2021 es que ignorar las señales es la peor decisión posible. Colombia necesita gobernanza anticipatoria, canales de escucha reales, instituciones confiables y líderes capaces de bajar la temperatura emocional en vez de aumentarla. Un país polarizado no necesita más gasolina, sino más inteligencia colectiva.
Y en esa tarea, la ciudadanía debe ser el centro de la contención democrática. No como espectadora pasiva, sino como conciencia activa capaz de impedir que la manipulación emocional, el fanatismo político o la desinformación secuestren nuestro destino común. El control social no se limita a vigilar al poder: implica vigilar nuestras propias reacciones, proteger la convivencia y rechazar cualquier intento de utilizar la calle como arma para disputar lo que debe resolverse en las urnas y en el diálogo.
El desafío, entonces, es claro: evitar que el próximo ciclo electoral se convierta en un campo minado emocional. La verdadera pregunta no es si Colombia puede enfrentar un Estallido Social 2.0, sino si estamos dispuestos a prevenirlo con visión, serenidad y sentido de país. Porque las crisis no se predicen: se gestionan antes de que exploten.
