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En tanto la explosión de candidatos presidenciales asemeja a un mercado persa lleno de baratijas, la explosión de sacrificados del conflicto armado duele. Su situación humanitaria es grave. Según la Cruz Roja Colombiana, cerca de 192 mil víctimas fueron atendidas por esa entidad en los primeros ocho meses del 2025. Cifras récord que nos avergüenzan ante el mundo civilizado. Además, dicen informes de inteligencia que el confinamiento de comunidades, especialmente de aquellas regiones más afectadas por el conflicto interno, pasó de 10 mil personas el año pasado a más de 14 mil en los once primeros meses del 2025, lo que significa un incremento del 45%.
En departamentos como Norte de Santander, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo y Guaviare, se vive una guerra sin cuartel. Una en la que el Estado está cada vez más arrinconado, cada día más incapaz de enfrentar a los grupos violentos. La “paz total”, entonces, es ahora una entelequia. Ya reconoció su asomo de fracaso ante el Congreso el deslenguado ministro del Interior Armando Benedetti. Está en las horas del canto del réquiem, de la aplicación de los santos óleos para ayudarla a bien morir. Es el propio Gobierno el que comienza a firmar su certificado de defunción.
A la lista dada a conocer por la Cruz Roja y los organismos de inteligencia, se suma que en lo que va del actual Gobierno se habían registrado, hasta lo que va de este año, 1.404 combates, incluyendo los últimos bombardeos de la Fuerza Aérea. Dos tercios de este total se concentraron entre el 2024 y finales del 2025, para un promedio de un combate cada 17 horas. Hoy el país contabiliza más de 25 mil alzados en armas, lo que significa un crecimiento del 67% en los últimos tres años. Es casi dogma de fe sostener que la guerra seguirá sin pausa mientras exista el negocio de la coca y de la minería ilegal.
De encima, se conoce un escándalo en el Ejército Nacional sobre un general acusado de mantener relaciones non sanctas con grupos de las Farc. De comprobarse el hecho delictuoso, constituiría una de las mayores vergüenzas por las que pasan buena parte de las instituciones del Estado colombiano.
Nueve años han transcurrido desde que se firmó la paz santista, a la cual se le han destinado más de 107 billones de pesos para su implementación, y lo que hoy luce es un crítico panorama de orden público. ¿Valió la pena no solo tal esfuerzo incompleto, sino impuesto contra la voluntad de más de la mitad de los sufragantes en el plebiscito, y en donde se atropellaron las elementales reglas de juego para retorcerle el pescuezo a la voluntad mayoritaria expresada en las urnas?
Así que dentro de un marco de inseguridad y zozobra se desarrolla el debate electoral, presidido por un Estado impotente, indolente y ausente. Se ensombrece el panorama del país político y del país nacional. Y quizá se sorprende un Estado, con la moral baja y tan desprestigiado como quizá ninguno había estado en tantos años de historia nacional.
