Columnistas | PUBLICADO EL 28 agosto 2020

Glifosato

Por Ramiro Velásquez Gómezramirovego@gmail.com

Parece que el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo respirara glifosato, porque esa es su solución para la violencia que vive gran parte del país, en especial los territorios abandonados desde siempre por el Estado.

Con la aspersión (de ese peligroso veneno) se eliminarían las masacres, afirmó. Si bien en varias zonas donde se han producido estos terribles asesinatos hay siembra de coca y familias que se han sumado a la erradicación voluntaria, no se da en todas ni es la única razón.

Pero el ministro expresó una vez más en lo que tanto ha insistido el presidente Iván Duque: rociar glifosato vía aérea, por lo cual se ha enlentecido el ritmo de los programas de sustitución voluntaria. Obedece, además, a una orden desde Washington.

No tiene sentido la fumigación aérea, que es nociva. En Estados Unidos, Bayer, productora de ese matamalezas con su firma Monsanto, logró acuerdos para pagar de a US$160 000 a decenas de miles de personas que la han demandado por el cáncer que provoca ese producto, un pleito de más de 10 000 millones de dólares. El daño afecta también otras formas de vida, que parece no importan mucho tampoco a un gobierno de espaldas al desarrollo sostenible y, triste, a la vida misma.

Mientras no se vincule al campesino y se le cumpla con medios de vida, continuará la siembra y resiembra. El narcotráfico sigue siendo un gran negocio, alentado por el desprecio estatal por extensas regiones y sus pobladores. A un habitante a cuatro o más horas en lancha del centro urbano no le es rentable sacar ningún producto agropecuario mientras que la hoja de coca se la pagan bien y la sacan otros. La legalidad no le da alternativas.

En su libro Kilo, el periodista estadounidense Toby Muse muestra cómo esta es la época dorada de la coca (no la de los años 80), con narcos de bajo perfil y dólares por doquier.

Informes de Indepaz revelan que con la erradicación voluntaria la resiembra es del 0,6 %. Y si con la forzada alcanza del 50 % al 65 % todo sugiere que el Gobierno no tiene voluntad firme de acabar con los cultivos de coca, conclusión respaldada además por un hecho contundente: entre 2000 y 2019 el área sembrada es muy similar (apenas 6 000 hectáreas menos).

A muchos, no solo a los narcos, les conviene que este negocio sea próspero pese a décadas de combate y decenas de miles de muertos.

Maullido: Si la solidaridad paisa por EPM también fuera para reducir la desigualdad estaríamos hechos.