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Columnistas | PUBLICADO EL 17 marzo 2023

El Ministerio de la Defensa Nacional

El actual ministro, Iván Velásquez Gómez, no ha logrado la comunicación efectiva, la estrategia exitosa, ni la empatía indispensable con la organización bajo su dirección.

Por Henry Medina Uribe - medina.henry@gmail.com

De 1820 a la fecha el país ha tenido 151 personas que han desempeñado el cargo de ministro de Defensa Nacional. De ellos, 89 (59%) han sido militares y 62 civiles. A raíz de la constitución de 1991 y después de un periodo de 38 años continuos de ministros militares, el turno ha sido para civiles. La transición fue muy debatida dentro de los cuarteles y la opinión mayoritaria fue favorable por la conveniencia de tener en la alta dirección una persona con prestancia nacional, suficiente estatura intelectual, reconocimiento político, buenas relaciones con el poder legislativo y, fundamentalmente, conocimiento de los intereses nacionales, del conflicto armado y empatía con la vocación del soldado. Pensábamos en la necesidad de una voz que interpretara el sentir militar y lo supiera validar ante el resto de la institucionalidad nacional, y que fuera a la vez enlace directo y potenciador entre el poder político y el pensamiento castrense.

Han sido 20 ilustres colombianos quienes han desempeñado el cargo a partir de 1991. Todos de gran valía, pero no todos compenetrados con el alma del soldado. El primero de ellos, Rafael Pardo Rueda, con el perfil deseado, desarrolló una excelente gestión, al igual que otros de brillante desempeño y grata recordación dentro de la institución como Gilberto Echeverry, Rodrigo Lloreda, Juan Carlos Esquerra y Juan Carlos Pinzón.

El actual ministro, Iván Velásquez Gómez, es autoridad en ciencias jurídicas y en derechos humanos, reconocido internacionalmente, con un perfil que lo hace idóneo para otros cargos de relevancia nacional. Sin embargo, no ha logrado la comunicación efectiva, la estrategia exitosa, ni la empatía indispensable con la organización bajo su dirección, portadora de las armas legítimas de la nación y comprometida con el mantenimiento de la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.

La integridad territorial y el orden constitucional están en riesgo debido a desaciertos en situaciones como el despeje ingenuo de áreas del territorio nacional que facilita el accionar de las economías ilegales y el proselitismo político de las organizaciones al margen de la ley; la imposibilidad de realizar operaciones ofensivas por parte de la fuerza pública en áreas críticas del territorio nacional y, paralelamente, el incremento de las operaciones ofensivas del ELN (en febrero tuvieron un crecimiento del 100% frente al promedio); el accionar violento de guardias indígenas y campesinas; los hechos recientes en San Vicente del Caguán y el bajo Cauca; la humillación reiterada a miembros de la fuerza pública; todo ello resulta facilitador del contubernio entre política y armas. Son varias las estrellas negras en materia de seguridad en tan poco tiempo de este gobierno, que resultan contrarias a las aspiraciones de la “paz total”.

La coyuntura actual representa un gran reto en el mantenimiento del orden público interno y el ejercicio de las libertades ciudadanas. Es imperativo que el ministro de Defensa asuma posiciones equivalentes a las que el ministro de Hacienda ha adoptado en lo suyo, y que comprenda que no puede haber paz sin seguridad

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