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Son varios los errores cometidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz –OACP- y el Director de la Escuela Superior de Administración Pública, -ESAP- al convocar al Diplomado Virtual “Paz, Convivencia y Cultura de la Legalidad”. El primero consiste en presentar un programa académico dirigido a la sociedad civil fundamentado en la concepción de “bien común”, que ha establecido la Doctrina Social de la Iglesia—. El segundo desconoce el carácter pluralista y liberal de nuestra sociedad, tal y como está establecido en la Constitución del 91. El tercer error es emprender un ataque a la modernidad y al liberalismo, o como afirma el documento, a los “paradigmas progresistas”, que centrados en la autonomía como valor básico de la persona han conducido a los seres humanos a la degradación moral, al consumismo, al ateísmo y es fuente de violencias secundarias en Colombia. ¡Qué diagnóstico de la sociedad!
Este diplomado debe ser cuestionado porque fue presentado y publicitado por la OACP y la ESAP. Instituciones del Estado que, en nuestro Estado pluralista y laico, no pueden proponer un programa académico discriminatorio de otras concepciones del bien.
El argumento de la modernidad liberal plantea la exigencia de neutralidad del Estado sobre las distintas concepciones de bien común. Esto implica el respeto a la igualdad de los derechos y la no discriminación por razones de pertenencia racial, étnica, nacional, por creencias religiosas, concepciones políticas, etc. Que instituciones del Estado propongan este diplomado tiene como consecuencia que este abandona la exigencia de neutralidad frente a las múltiples concepciones del bien. El anuncio de la ESAP de cambiar los textos del diplomado, permite ver que su director, aunque reconoce sus errores, actúa bajo un deficitario concepto de responsabilidad.
Pero el doctor Miguel Ceballos comete más errores. Frente al escándalo Mancuso dijo que “en el caso de que Salvatore Mancuso quisiera ir a Italia, existe la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Esto es un grave yerro en el cual un comisionado de paz no debería incurrir porque este Tribunal declara exclusivamente la responsabilidad internacional de los Estados que son parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando estos violan alguna de sus disposiciones. Colombia no puede acudir a este Tribunal por asuntos de responsabilidad penal individual.
En esta cadena de errores incurre también el presidente Duque al afirmar que presentará una solicitud a la Corte Penal Internacional-(CPI) para que Mancuso sea procesado por graves crímenes. Esto evidencia su desconocimiento del derecho penal internacional y del Acuerdo de Paz. Según el art. 17 del Estatuto de Roma, el caso Mancuso sería inadmisible por la CPI puesto que el criminal ya fue condenado por Justicia y Paz en Colombia y en la actualidad hay procesos respecto a los mismos episodios y conductas. La CPI solo actúa cuando los Estados no llevan a cabo procesos o no lo hacen debidamente. Finalmente, no se debería reorganizar el mencionado diplomado sino más bien hacer uno sobre derecho penal internacional. Ya cuentan con dos destacados alumnos.