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La matanza de líderes sociales, comunitarios, reclamantes de tierras, miembros de cabildos indígenas, juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos, aumenta día tras día. Según el informe de “Somos Defensores”, publicado recientemente en El Espectador, 442 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc. El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame dice en el Informe n.° 4 que el año 2019 fue el más mortal para los excombatientes de la extinta guerrilla, con 77 asesinatos; pero el exterminio no se detiene y de enero a mayo de 2020 han sido 197. Estos asesinatos han producido efectos devastadores en la implementación del Acuerdo Final.
El acuerdo está en un punto crucial porque la violencia se incrementa con el paso de los días y el Estado se muestra incapaz de detenerla. Aunque las autoridades judiciales han identificado algunos de los autores materiales de los homicidios y se han producido algunas condenas, son muy pocos los autores intelectuales identificados y procesados.
El fracaso en el tratamiento de la violencia por parte del Estado puede conducir a su escalada y a un círculo vicioso de represalias y violaciones de los derechos humanos. Uno de los problemas más complicados que tienen las sociedades que salen de la guerra es que el final de esta no significa siempre el fin de la violencia. Eso lo sabíamos y alcanzamos a pensar que sería un asunto de un par de años, pero lo que no sospechábamos es que el fin de los enfrentamientos armados no ha conducido a una pacificación de la sociedad porque emergió una violencia de redes neoparamilitares, Bacrim, y disidencias de las Farc.
El Acuerdo Final, es importante recordarlo, contempla crear las condiciones para que Colombia pueda salir de la guerra y así avanzar en el proceso de consolidación de la democracia como un estado final lleno de promesas de protección plena de los derechos humanos, de procesos electorales en espacios democráticos deliberativos e incluyentes y de mecanismos de justicia de transición.
“Hacer trizas” el Acuerdo Final o someterlo a una muerte lenta mediante el asesinato de líderes y excombatientes, conduce a Colombia de nuevo a la guerra. ¿Qué buscan entonces los sectores interesados en hacerlo fracasar? Simplemente, la continuación de la guerra. Hay intelectuales del “establecimiento”, disfrazados de liberalismo, que desconocen la relación causal entre situaciones de injusticia extrema y formas civiles de resistencia. Contra ellos se debe señalar el peligro que sigue para la sociedad si continúa la violencia y si el actual gobierno es incapaz de detenerla.
Así, la razón que fundamenta la perspectiva de una sociedad pacificada, propone pensar esta situación en función de crear las condiciones económicas, sociales y políticas para que nuestro mundo de la experiencia dominado por la guerra se pueda convertir en un mundo en el que emerja la libertad, la justicia, y un horizonte duradero de paz.