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Columnistas | PUBLICADO EL 08 marzo 2023
Decisiones y consecuencias
La suficiencia tarifaria podría estar amenazada, lo que traería consecuencias terribles, como la suspensión de inversiones muy necesarias y el desabastecimiento de energía.
Por David Yanovich - redacción@elcolombiano.com.co
El permiso solicitado por la alcaldía de Medellín para congelar las tarifas de energía en los mercados que atiende EPM, además de la asunción por parte del presidente Petro de ciertas facultades de regulación de los sectores de energía y gas, ha abierto el debate sobre el nivel de las tarifas de energía en Colombia. Es muy fácil opinar e indignarse porque la tarifa es alta y costosa. Pero lo que es relevante, en el fondo, es si es suficiente o no para garantizar la prestación de un servicio de calidad y de manera permanente.
Esta suficiencia tarifaria podría estar amenazada, lo que traería consecuencias terribles, como la suspensión de inversiones muy necesarias en generación, transmisión y distribución, terminando en un desabastecimiento de energía mas temprano que tarde.
Uno de los grandes riesgos de intervenir las tarifas es que, aunque pocos lo saben, los comercializadores ya han venido generando alivios en las facturas de sus usuarios. En efecto, la regulación estableció hace unos años una opción tarifaria, que es un mecanismo a través del cual se permiten moderar los incrementos abruptos en la tarifa de energía eléctrica mediante la acumulación de saldos que son pagados por el consumidor en el futuro. Es decir, los comercializadores de energía “financian” al cliente ahora, con el fin de aliviar la carga de un hogar a la hora de pagar la factura de energía.
La aplicación de esta opción por supuesto que tiene un impacto en el flujo de caja de los comercializadores de energía, porque prestan el servicio con una tarifa que los usuarios pagan parcialmente hoy. El resto es una cuenta por cobrar que se pagará en el futuro. Además de dejar de recibir un pago hoy, en muchos casos esta financiación implica un costo financiero adicional para el comercializador.
De acuerdo con el boletín del Trimestre II de 2022 publicado por la Superservicios, el saldo por pagar de la opción tarifaria a nivel nacional era de $4.5 billones de pesos. De ese total, la opción tarifaria del Grupo EPM es de $1.6 billones, la más grande del país, de los cuales el mayor saldo corresponde a Afinia. Solo esta empresa, a junio de 2022, tenía una cuenta por cobrar de opción tarifaria de $977 mil millones.
Estas no son platas menores, y la única forma de recobro que tienen es la tarifa que cobran a sus clientes. A esto hay que agregar que, según cálculos con información disponible, el flujo de caja neto del Grupo EPM (antes de subsidiarias, indemnizaciones e inversiones) al tercer trimestre de 2022, es negativo.
Lo anterior lleva a la siguiente reflexión: ¿si se congelan las tarifas, cómo se pretende recuperar este saldo de deuda que los usuarios tienen con los comercializadores de energía? Adicionalmente, el efecto de este congelamiento afectará muy rápidamente los dividendos que EPM reparte al Municipio.
Por supuesto que es más que loable el propósito del gobierno de suavizar el impacto del aumento tarifario sobre el ingreso de ciertos hogares. Pero hay que hacerlo sin arriesgar la suficiencia tarifaria. Intervenir los mercados o congelar las tarifas no son caminos adecuados, como si podrían ser los subsidios, por ejemplo. Se puede lograr el objetivo del gobierno y al tiempo conseguir una tarifa que remunere las inversiones y operación de un sistema de calidad y amplia cobertura, como el actual. Es cuestión de quitarle ideología y política al debate.
