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En mis clases universitarias de Ciudadanía y Democracia, suelo repetirles a los estudiantes con convicción que la Constitución del 91 es bastante buena. Siento mucha apropiación por nuestra Carta Política, un orgullo por los principios que consagra, desde su preámbulo hasta la parte orgánica, donde se crearon instituciones tan importantes como la Corte Constitucional. Por supuesto, hay cosas por mejorar, pero para ello no se requiere una Asamblea Constituyente como la del 91.
La Constitución del 91 es un marco perfecto para que cualquier demócrata que asuma el poder político pueda gobernar con excelencia. Sin embargo, es evidente que no le sirve a aquellos que buscan abusar de su posición. De ahí que, en ocasiones, hemos presenciado a políticos que han intentado reformarla a través de prácticas cuestionables, como la extorsión a congresistas para aprobar actos legislativos como el de la reelección, por fortuna, nuevamente retirado del texto.
La Constitución establece un sistema de pesos y contrapesos que, como en toda democracia, se basa en la premisa de que nunca será beneficioso que una sola persona o partido concentre todo el poder.
La Constitución del 91 nació de un acuerdo muy amplio, no de un mesías, sino de una ciudadanía movilizada a través de la simbólica “séptima papeleta”. Este proceso involucró a todas las fuerzas políticas del país, las cuales pudieron participar gracias al ambiente democrático y de consenso que imperaba en ese momento. De hecho, el M-19, movimiento del cual formaba parte Petro, fue la segunda fuerza más votada y tuvo uno de los tres copresidentes en la Asamblea Constituyente.
Si la Constitución del 91 le sirve a cualquier presidente demócrata, si fue fruto de un acuerdo de todas las fuerzas democráticas del país y si contiene un robusto sistema de pesos y contrapesos que garantiza que no haya “mesías” súper poderosos que puedan gobernar por decreto, ¿para qué entonces convocar una nueva Constituyente y abrir una caja de Pandora que podría llevarnos al precipicio?
La Constituyente ha sido propuesta en los últimos años por el uribismo, las Farc (hoy partido Comunes) y ahora por Petro, es decir, por tres fuerzas políticas que en los últimos años han dedicado gran parte de su capital político a polarizar y dividirnos como nación. Colombia merece mucho más que eso. El trámite sería mucho más largo y complejo que el de la reforma a la salud, pues requiere mayorías absolutas en el Congreso. Hoy es muy difícil tramitarla.
Es momento de defender la Constitución del 91 y de que el Presidente concentre sus esfuerzos en materializar lo que realmente le pidió la ciudadanía al elegirlo: un gran acuerdo nacional en torno a temas como la paz, la descentralización, la justicia y los derechos sociales (salud, educación, pensiones), no una imposición.
En su entrevista del lunes para El Tiempo, el presidente dijo que “un proceso constituyente no es cambiar la Constitución del 91”. Sería importante entonces que nos aclare qué entiende él por ese término, pues la desconfianza aumenta cada día, y da la impresión de que estamos ante un gobierno que funciona al ritmo de las emociones que tenga el presidente. .
