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Colombia es quizás el país del mundo donde más se recurre a los jueces para exigir servicios de salud. Esta realidad suele presentarse como prueba de que tenemos uno de los peores sistemas sanitarios del mundo, en el que sistemáticamente se viola un derecho fundamental. Semejante conclusión merece examinarse cuidadosamente.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se interpusieron aproximadamente 265.000 tutelas invocando el derecho a la salud (5.028 x millón de habitantes), cifra que revela problemas de acceso, oportunidad y funcionamiento del sistema. ¿Significa que es el país donde más se vulnera el derecho a la salud? La tutela constituye un mecanismo fácil y accesible para que cualquier ciudadano pueda interponerla gratis, sin abogado, por internet, y obtener una decisión judicial en pocos días, haciéndola eficaz para conseguir prestaciones, lo que estimula su utilización.
En otros países también existen mecanismos judiciales para reclamar servicios sanitarios. Brasil, Costa Rica y Argentina cuentan con procedimientos similares, aunque características y niveles de utilización difieren. Una investigación comparativa de Mæstad, Rakner y Motta Ferraz, publicada en 2011 y retomada por Andia y Lamprea en 2019, encontró tasas históricas de aproximadamente 3.289 demandas sanitarias por millón de habitantes en Colombia, frente a 206 en Brasil, 109 en Costa Rica y 29 en Argentina.
¿Podemos concluir que en Colombia se vulneraba el derecho a la salud treinta veces más que en Costa Rica? Evidentemente, no. Las diferencias reflejan accesibilidad al procedimiento judicial, incentivos para utilizarlo y prácticas institucionales para manejo. Existe una paradoja ignorada. Cuando un juez ordena prestar en cinco días un servicio programado para varias semanas después, puede estar corrigiendo una demora individual injustificada. Si no existe capacidad adicional, desplaza a otros pacientes que esperaban turno y cuya necesidad clínica podría ser igual o mayor. Un fallo modifica prioridades de atención, pero no multiplica especialistas, camas ni quirófanos, esto tarda años en lograrse. La utilización masiva de la tutela puede terminar creando un sistema paralelo de asignación de recursos, donde la oportunidad de atención depende de quién obtiene primero una sentencia y no exclusivamente de criterios médicos.
Esto plantea interrogantes sobre la concepción y operación del mecanismo judicial. Una herramienta destinada a garantizar derechos individuales genera distorsiones colectivas cuando se utiliza masivamente para administrar recursos escasos. ¿Ha producido esta judicialización mejores resultados en salud?, algo que el sólo número de tutelas no permite responder. Sería necesario hacer una evaluación comparando pacientes y poblaciones.
Nada de esto desconoce la importancia de la tutela para corregir abusos, negaciones arbitrarias o demoras peligrosas. Su protección debe preservarse. Tampoco podemos confundir el número de tutelas con calidad de un sistema sanitario, ni asumir que multiplicar las órdenes judiciales equivale a mejorar la salud colectiva. La medida del éxito no debería ser cuántas tutelas se conceden, sino cuántos ciudadanos reciben atención oportuna, equitativa y efectiva sin necesidad de acudir a un juez.
