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Hace un año celebrábamos desde esta tribuna que, por primera vez, Colombia se ubicaba entre las 4 naciones más atractivas para la inversión en energías renovables y tecnologías limpias entre más de 100 economías emergentes y países en vía de desarrollo según la reconocida agencia de noticias y análisis de mercados, Bloomberg. Desafortunadamente, en la versión 2023 del Climatoscopio, el informe anual en el que Bloomberg mide las condiciones para la transición energética en 140 países y publicada a finales de noviembre, Colombia perdió el terreno ganado en los últimos años, y descendió al octavo lugar.
Este informe reviste una gran relevancia para analistas e inversionistas del sector, ya que examina tanto el potencial natural para la generación de energías renovables como las políticas públicas y regulatorias implementadas por los países para atraer inversiones en tecnologías limpias. Aunque el informe de 2023 no profundiza en las causas del descenso de Colombia en el ranking, como sí lo hizo el año pasado cuando el país era percibido como líder regional y destacó ampliamente las políticas públicas implementadas entre 2018 y 2022, las razones de esta caída son evidentes.
A pesar de la retórica y los discursos oficiales promoviendo la transición energética y la acción climática, la realidad que se vive en el sector es totalmente diferente. En los últimos 16 meses, se han adoptado diversas medidas que han frenado bruscamente el impulso de las energías renovables, revirtiendo políticas públicas exitosas y afectando proyectos emblemáticos que habían posicionado al país como líder regional en transición energética. Aunque algunas de estas medidas han sido revertidas por las altas cortes, la percepción negativa de los inversionistas sobre este sector persiste. Entre las acciones que han impactado negativamente al sector se encuentran el aumento en la tasa de tributación mínima de las empresas de energía renovable en 15 puntos porcentuales, limitando los incentivos fiscales de las Leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021. También se incrementaron las transferencias eléctricas para proyectos de energías renovables no convencionales, pasando del 1 al 6 por ciento del valor de las ventas brutas de energía, y se elevó a 38 por ciento la tarifa del impuesto sobre la renta para empresas con generación hídrica. Además, la interinidad o vacancia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas y del Viceministerio de Energía durante gran parte del año, así como los intentos de intervención en contratos de subastas de renovables y en la metodología tarifaria, ha deteriorado la estabilidad jurídica y la confianza inversionista. Y como si esto fuera poco, la falta de gestión tanto en la implementación de nuevas políticas como en el territorio ha afectado el desarrollo de nuevos proyectos y ocasionado mayores retrasos en la construcción de granjas solares y parques eólicos, llegando incluso al abandono de algunos de ellos.
El Climatoscopio del año pasado había advertido que sostener el buen momento que estaba viviendo el sector de las energías renovables en Colombia dependería de la continuidad que se les diera a las políticas públicas implementadas en los años previos. Claramente, los mercados y los inversionistas están tomando atenta nota.
