Cada vez toma más fuerza el proyecto de ley 050 de 2019, con el que se busca que por seis meses puedan llevarse a cabo traslados entre regímenes de pensiones, bien sea del público al privado o viceversa, por hombres de más de 52 años o mujeres de más de 47 que hayan cotizado mínimo 750 semanas de pensión.
Ayer, al cierre de esta edición, no se alcanzó a discutir esta iniciativa en segundo debate en la Cámara de Representantes, pese a que se encontraba dispuesta en el orden del día. Esto supone un retraso más a una iniciativa similar, que incluso, se quería implementar en el marco de los decretos ley de emergencia económica.
En el borrador se buscaba lograr el traspaso de la población del régimen privado con 10 o menos a Colpensiones, para liberar recursos de pensiones futuras para gastar en la contingencia. En este se expone que “además de los 9,9 billones de pesos (el Estado) que destina actualmente para el pago de las pensiones, deberá destinar otros 3 billones de pesos adicionales del Presupuesto” (ver Paréntesis).
A diferencia de esta idea, el argumento bajo el que se sustenta este proyecto de ley, que prevé beneficiar a 384.000 personas, es que es una alternativa para “los afiliados de los diferentes regímenes pensionales que en su momento se sintieron engañados por la ausencia del cumplimiento de la doble asesoría, orientación y buen consejo”, según explica María Cristina Soto de Gómez, representante a la cámara y ponente de esta propuesta.
A esto se adiciona que, según expone el documento, 92 % de los procesos legales que se inician para los traslados de régimen tienen éxito. A la fecha al menos 26.000 en marcha, se reseña en el texto.
Según el expresidente de Colpensiones y director de Econometría Consultores, Mauricio Olivera, “los fondos de pensiones privados están empezando a jubilar y la gente está tomando consciencia de que las de este régimen son más altas”.
En el país hay más de 1,39 millones de pensionados que pertenecen al Régimen de Prima Media (público) y solo 189.435 reciben pensión desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), es decir del sector privado —que fue creado hace 27 años— según las últimas cifras de la Superintendencia Financiera.
No obstante, el experto alerta que de volverse realidad este proyecto, sería un problema para el Estado, puesto que “el traslado generaría una deuda en el largo plazo”. Olivera señala que cuando se intentó llevar a cabo esto el año pasado, solo con 172.000 personas, se prevé un déficit de 23 billones de pesos, por lo que plantea más bien que se reforme el sistema de pensiones.
De pasar este debate, aún faltarían dos debates en el Senado, la conciliación, sanción presidencial y la revisión de constitucionalidad.
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