El plan del Gobierno es que en marzo se pueda radicar en el Congreso un proyecto de ley, que reúna las iniciativas que desde diversos sectores se están planteando.
Al menos diez iniciativas en el frente laboral planteó durante la campaña presidencial el hoy mandatario Gustavo Petro, las cuales están consignadas en su “Programa de Gobierno”, documento de 54 páginas, en el que específicamente la expresión “reforma laboral” no aparece.
No obstante, desde mediados de enero el Ministerio del Trabajo retomó una serie de encuentros de la llamada Subcomisión de la Reforma Laboral, que busca avanzar en la discusión técnica, así como en la articulación y presentación de un proyecto de ley para modificar el marco regulatorio del trabajo, el cual se radicaría en el Congreso el próximo 16 de marzo.
En esa mesa el Gobierno definió 18 temas que serán el eje central de esa reforma, entre los que se destacan los principios laborales y constitucionales, estabilidad laboral y modalidades de contratos, tercerización, subcontratación, remuneración de dominicales y festivos y jornada nocturna.
También figuran la normativa para el trabajo en plataformas digitales y en la ruralidad, el fenómeno de la informalidad, y los derechos a la asociación sindical, la negociación colectiva y la huelga.
Parte de ese camino también lo constituyen los encuentros regionales realizados hasta el pasado viernes, en nueve ciudades, en los que se recogieron insumos y se escucharon opiniones e iniciativas para enriquecer la construcción del proyecto de ley.
Mirada clave
“La reforma laboral debe hacerse pensando en los desempleados e informales”. Así lo dijo Miguel Gómez Martínez, decano de Economía de la Universidad del Rosario, tras conocer la cifra de desempleo publicada por el Dane para 2022 de 11,2% (ver ¿Qué sigue).
En ese sentido, insistió en que el propósito no es reforzar las garantías de los que ya están en el mercado laboral, sino pensar primero en aquellos que viven en la marginalidad y el desempleo.
“La reforma laboral es una oportunidad de oro para eliminar algunos de los obstáculos que impiden que millones de colombianos tengan empleos formales y estables. Los numerosos estudios que se han realizado en Colombia sobre los problemas del mercado laboral concluyen que se necesita un marco más flexible para la contratación de personal que mejore la productividad de la economía”, anotó el decano.
Además, reconoció que es evidente que el crecimiento económico se está debilitando a nivel mundial y local. “Con una actividad económica menos dinámica es poco probable que el desempleo vuelva a niveles de una cifra. Tenemos que activar otras opciones para disminuir el desempleo”, enfatizó.
Recuperar derechos
Desde la perspectiva de Carlos Julio Díaz, exdirector de la Escuela Nacional Sindical (ENS), las iniciativas deben atender problemáticas acumuladas durante más de treinta años de reformas regresivas en garantías laborales y sindicales.
Es así como abogó por derogar las disposiciones de la Ley 789 de 2002 que recortaron ingresos laborales al disminuir los recargos nocturnos y por trabajo en dominicales y días festivos.
“Esto se hizo bajo el argumento de generar empleo, y ante la evidencia empírica de que los empleos prometidos nunca se generaron, y que solo concentraron mayores ganancias en la parte empresarial, es más que justo restablecer los derechos conculcados”, aseguró Díaz.
En ese aspecto, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que el proyecto contendrá ajustes como el planteado por Díaz e incluso mencionó que se mantendrá el subsidio al desempleo, pero con algunas variaciones para hacerlo más oportuno y eficiente.
El exdirectivo de la ENS sugirió que la iniciativa legislativa garantice la regulación laboral del trabajo en plataformas virtuales (digitales) que hoy se desarrolla en el marco de una alta precarización y flexibilidad laboral.
Sobre este punto, los ministerios del Trabajo y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sostuvieron que la reforma laboral propone regular más de 700 plataformas digitales.
“Independientemente del tipo de trabajo o cómo se genere, donde haya un trabajador tiene que existir una garantía para que no haya precarización, lo que significa que se tenga protección de la seguridad social”, enfatizó Ramírez.
Más ingredientes
Un filón adicional en esta conversación tiene que ver con la necesidad de evitar los abusos que se viene cometiendo, por parte de sectores empresariales, con los contratos de obra o labor para el desarrollo de labores misionales, con los contratos a término fijo para actividades que tienen vocación de permanencia en las empresas.
Díaz encasilla en este aspecto el uso indebido que las Empresas de Servicios Temporales hacen de la figura de empleos en misión que van más allá de reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, y en incapacidad por enfermedad o maternidad.
Al respecto, Miguel Pérez García, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset), comentó que desde el gremio se ha defendido la figura por tratarse de una solución legal que da respuesta a las necesidades estacionales de los diferentes sectores económicos, y en ese sentido se trata de un mecanismo positivo para darle impulso a la formalización, la inclusión, la productividad y el desarrollo.
De otro lado, y como parte de los esfuerzos del Gobierno para proteger los derechos de los trabajadores, la ministra Ramírez se reunió el miércoles con directivos de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, con la idea de avanzar en propuestas que puedan ser incluidas en la reforma laboral y que beneficien a los deportistas.
Mientras se plantean ideas para modificar el marco regulatorio laboral, los más recientes datos del Dane mostraron que el año anterior 22,03 millones de colombianos estuvieron empleados, la desocupación fue del 11,2% y la informalidad, entre octubre y diciembre, fue del 57,8% lo que contrasta con las cifras de desempleo para enero en Estados Unidos, donde el indicador se ubicó en 3,4%, el más bajo en 53 años (ver gráfico).
