En un debate de dos horas, las Comisiones Económicas del Senado y Cámara aprobaron por mayoría el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) en $634,9 billones, para la vigencia del 2027.
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Comisiones económicas aprobaron el monto total del PGN 2027. Gobierno anticipa recortes y reformas.
En un debate de dos horas, las Comisiones Económicas del Senado y Cámara aprobaron por mayoría el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) en $634,9 billones, para la vigencia del 2027.
La discusión tuvo en la Comisión Cuarta de la Cámara una votación de 22 votos a favor y 6 en contra. En la Comisión Cuarta de Senado 11 votos favorables y 4 en contra. La votación en la Comisión Tercera de Senado fue de votos 9 afirmativos y 3 negativos. Y en la Comisión Tercera de Cámara el proyecto fue aprobado por 22 votos a favor y 5 en contra.
Al término de la sesión, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reconoció que el proyecto del presupuesto no es óptimo y que todavía requiere modificaciones durante las próximas semanas. Señaló que tanto el Gobierno como el Congreso quisieran mayores recursos para inversión, menor peso de la deuda y menos burocracia, pero advirtió que el PGN responde a las condiciones actuales de la economía.
Gómez cuestionó la rigidez del sistema presupuestal y recordó que el Estatuto Orgánico del Presupuesto vigente es de 1996.
También criticó la estructura tributaria y señaló que, pese a 21 reformas tributarias desde 1991, el país aún no resolvió el problema de ingresos insuficientes para financiar sus necesidades.
El ministro afirmó que se requiere avanzar en reformas y anticipó un trabajo intenso con los ponentes y coordinadores para mejorar el proyecto. Agregó que la Ley de Rescate y el Plan Nacional de Desarrollo complementarán la nueva política económica del Gobierno.
Además, el funcionario ubicó el tamaño de la deuda como “el problema más serio” de la economía. Aseguró que la política de austeridad estará acompañada de una estrategia de crecimiento para superar las dificultades fiscales, y afirmó que un niño que nace hoy en Colombia ya tiene una deuda equivalente a $23 millones.
Según el ministro, enfrentar este escenario requerirá combinar una política de austeridad con una estrategia de crecimiento económico que permita mejorar las condiciones fiscales del país.
A su turno, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostuvo que la aprobación del monto planteado por la administración De la Espriella envía una señal de confianza a los mercados nacionales e internacionales, así como a los tenedores de bonos de deuda pública.
En ese sentido, Lara aseguró que el país mantiene su tradición de responsabilidad fiscal y de cumplimiento de las obligaciones. Para el ministro, el sinceramiento de las cuentas constituye el primer paso para enfrentar el problema fiscal de manera conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En su intervención ante las Comisiones Económicas de Senado y Cámara, Lara anunció un proyecto de acto legislativo para modificar las reglas relacionadas con la gestión de inversiones regionales por parte de los congresistas.
El ministro invitó a los parlamentarios a acompañar con su firma la iniciativa, que buscará establecer en la Constitución la posibilidad de que los congresistas puedan postular proyectos de inversión regional sin temor a eventuales repercusiones.
Según Lara, esta actividad hace parte de la función congresional y debe desarrollarse de frente a los ciudadanos y con transparencia. También anticipó modificaciones al régimen de conflicto de interés de los congresistas. Consideró que las actuales reglas pueden generar restricciones que, en su opinión, dificultan el ejercicio de la función legislativa.
Como ejemplo, mencionó el caso de congresistas que hayan recibido financiación legítima de sectores económicos durante sus campañas y que declararon esos aportes como intereses. A juicio del ministro, esa circunstancia no debería impedirles defender los intereses de dichos sectores en el Congreso, siempre bajo reglas de transparencia.
“Creo profundamente en la dignidad de la función legislativa y en la transparencia con que se debe desempeñar”, sostuvo el funcionario.
La sesión que arrancó con más de una hora de retraso, tuvo en discusión por más de una hora una propuesta del modificar el monto y fijarlo en $596,6 billones, cifra menor a la que finalmente fue aprobada, pero por encima de la que había planteado el gobierno de Gustavo Petro antes de finalizar de $575,7 billones.
Entre los parlamentarios del Pacto Histórico que defendieron esta iniciativa figuraron el representante Marco Hincapié, quien señaló que la iniciativa del actual gobierno, es superior en casi $60 billones frente a lo que radicó el gobierno Petro, y aseguró que la nueva propuesta aumenta la burocracia en unos $4 billones.
También indagó por el financiamiento del PGN para 2027 y preguntó si se radicará una reforma tributaria próximamente.
Por su parte, David Racero sostuvo que el proyecto castiga la inversión y anticipó que, contra la aprobación del monto de $634,9 billones, se interpondrá una demanda, pues, según explicó, la Constitución manda que el monto de la inversión en el PGN no se puede rebajar con respecto al año anterior.
En la misma línea se pronunciaron los congresistas del Pacto Histórico Jaime Santamaría, Wilson Arias, Natalia Moreno, Andrea Vargas, Jorge Bastidas y Amaury Julio Pérez, quienes tuvieron intervenciones que oscilaron entre 4 y 7 minutos.
Los parlamentarios del Pacto Histórico advirtieron de eventuales privatizaciones o ventas de activos estatales para financiar el presupuesto del 2027. Aida Avella, por ejemplo, mencionó que cuando se privatizó el puerto de Buenaventura se disparó la delincuencia en esa parte del país, por lo que sugirió que los terminales marítimos deben volver a manos del Estado colombiano.
Y es que desde algunos sectores se incluyen entre las alternativas para obtener recursos, la eventual venta de activos del Estado. En ese escenario se ha mencionado la posibilidad de vender una participación de Ecopetrol.
El Estado posee actualmente una participación mayoritaria en la petrolera y podría analizarse una reducción de esa participación sin perder el control de la compañía. No obstante, la cotización actual de la acción no necesariamente representaría el mejor momento para realizar una operación de este tipo.
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