El director del DNP denunció que el bloqueo del Congreso al presupuesto 2025 pone en riesgo las inversiones sociales del país.
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, denunció que el bloqueo del Congreso a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025 es un intento de desestabilizar el Gobierno y pone en riesgo las inversiones sociales del país.
López afirmó que varios sectores políticos se niegan a aprobar el presupuesto, lo que afecta directamente a las poblaciones más vulnerables y frena la implementación de los programas del gobierno de Gustavo Petro.
En una entrevista con la revista Cambio, explicó que el presupuesto tiene un déficit de $12 billones, y aunque el Ejecutivo presentó una ley de financiamiento, la oposición ha bloqueado su avance, impidiendo que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.
López señaló a partidos como Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador como responsables de este bloqueo, asegurando que su negativa va más allá de lo económico y busca desestabilizar al Gobierno.
También criticó la postura de los congresistas que, pese a pedir inversiones para sus territorios, impiden la aprobación del presupuesto que financiaría esos proyectos, calificando su actitud como contradictoria.
La reacción de Maya se da luego de que se conociera que tan enredado está el Gobierno con la situación fiscal que ni las cuentas del presupuesto del próximo año, ni las de la reforma tributaria, cuadran.
Aunque el Congreso y expertos se lo están advirtiendo de todas las formas, el Ejecutivo mostró que no está dispuesto a negociar ni un peso y atiza la incertidumbre de cara a 2025.
Del lado del presupuesto propuso un monto de $523 billones, pero con calculadora en mano le hicieron ver que está descachado. Dependiendo del cristal con el que lo miran, a algunos congresistas les da que debe recortarle $12 billones, otros sugieren que le quite $24 billones y hay incluso quien dice que toca bajarle $40 billones.
Es así como esta semana, en el debate sobre el monto de la billetera estatal para el próximo año, las comisiones económicas del Congreso votaron seis propuestas distintas –entre ellas la del Gobierno–, pero ninguna tuvo el visto bueno.
Hubo una de $511 billones del presidente del Senado, Efraín Cepeda; una de $499 billones, de la senadora Angélica Lozano; o una de $483 billones, del representante Carlos Eduardo Osorio.
La piedra angular es la reforma tributaria. El Gobierno la presentó el martes, dijo que quería recoger $11,8 billones y con esto le cerraría el presupuesto en los $523 billones que quiere. Pero el mar de dudas llega cuando el mismo Gobierno explica de dónde saldrá la plata.
Solo $4,8 billones provendrían de cambios en impuestos como aumentar el impuesto al carbono y ponerle IVA de 19% a las apuestas en líneas, mientras que $1,6 billones saldrían de “mejoras en la actividad tributaria” que son totalmente inciertas y $5,3 billones los daría el adelanto de la Regla Fiscal de 2026 a 2025, que se traduce en abrir más cupo para poder gastar.
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Maya también explicó este fin de semana que Colombia tiene que conocer la situación del país en materia económica y los logros del Gobierno nacional, en contraste a las condiciones en las que se recibió al inicio de este mandato.
Según el director del DNP, el impacto de la inversión social ha hecho frente a las limitaciones originadas por el endeudamiento y la inflexibilidad presupuestal decididas en gobiernos anteriores.
“La inversión pasó de $99 billones en 2024 a $82 billones y los niveles de endeudamiento que ahogan al pueblo colombiano fueron producto de la decisión de poner al país a vivir del crédito”, señaló el director del DNP.
Asimismo, explicó que, del monto presentado para la inversión en 2025, no es posible contar con $58 billones que ya están comprometidos en el pago de obligaciones suscritas en anteriores administraciones, situación que refleja la necesidad de la ley de financiamiento propuesta en el Congreso de la República.
El impacto económico de un rechazo a la ley de financiamiento preocupa al Gobierno Nacional. Por ejemplo, “si no se aprueba la ley de financiamiento, el derecho a la salud se verá afectado y no podremos llegar con equipos médicos a toda Colombia. También se afectaría la educación gratuita, la reparación a las víctimas, la protección del agua y la transición energética. Pero quieren tumbar la ley de financiamiento para golpear a los más pobres”.
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