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Con subsidio al SOAT, se han incrementado las ventas de pólizas en 32% en todo el país

Aunque el 2022 fue el año más crítico para esta póliza, con pérdidas de $402.800 millones, el gremio asegurador afirma que con la medida del Gobierno, de brindar un subsidio de 50% a la tarifa, el panorama parece mejorar.

  • Entre el 15 de diciembre de 2022 y el 31 de enero de 2023 las venta de Soat se incrementaron 32,7% en el país. Foto: Jaime Pérez
    Entre el 15 de diciembre de 2022 y el 31 de enero de 2023 las venta de Soat se incrementaron 32,7% en el país. Foto: Jaime Pérez
14 de febrero de 2023
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Entre el 15 de diciembre de 2022 y el 31 de enero de 2023 se expidieron en el país 1,8 millones de pólizas Soat y se incrementaron en 32,7% las ventas.

Así lo informó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien además reportó que hubo una disminución de la evasión en 6,1% y que se impusieron 39.499 comparendos en todo el territorio nacional por no portar el Soat. Mientras que el fraude disminuyó en 5%.

Este es el balance luego de la entrada en vigencia de la medida de descuento de 50% en la póliza de este seguro para algunos vehículos, como motos de bajo cilindraje, autos de negocio, taxis, microbuses urbanos y servicio público urbano e intermunicipal.

2022: el año más crítico para el Soat

El 2022 fue crítico para el Soat, pues según Fasecolda el deterioro en los resultados de este ramo no tiene precedentes.

Así, la póliza siguió con la contracción que traía en 2021, pasando de pérdidas por $192.800 millones en 2021 a $402.800 millones al cierre de 2022.

En cuanto a expediciones, la cifra llegó a 9,4 millones de pólizas obligatorias, 4% más que en 2021. Las primas crecieron 12% y el valor de los siniestros aumentó 27% hasta $2,4 billones.

El seguro, según comentó Fasecolda, continúa en crisis, si se comparan los niveles de accidentalidad y la evasión y fraude al seguro.

Sin embargo, con la medida del Gobierno, de brindar un subsidio de 50% a la tarifa, el panorama parece mejorar: solo durante 2023 se han expedido 880.000 pólizas, 27% más que el año anterior.

“Para el 2022, el sector asegurador pagó más de $207.000 millones en siniestros asociados a contratos celebrados con entidades estatales, empresas de servicios públicos (ESP) y empresas industriales y comerciales del Estado), apuntó Fasecolda.

Divisiones de los desembolsos del sector asegurador

En los ramos de seguros generales, Fasecolda afirmó que los mayores pagos por reclamaciones se efectuaron por eventos como las indemnizaciones de Hidroituango, los costos de reparación de vehículos, y accidentes de tránsito, que sumaron $11,5 billones, 42% más que en 2021.

Autos: se registraron 2,4 millones de vehículos asegurados, 367.000 más que en 2021 y se pagaron siniestros de más de 225.000 vehículos por $3,22 billones, 26% más que el año anterior y, finalmente, las primas emitidas llegaron a $5.033 millones.

Propiedad e ingeniería: las aseguradoras realizaron pagos por $18.200 millones y se espera que durante este año se superen $83.000 millones. Más de 5.800 pólizas respondieron a calamidades relacionadas con la temporada invernal.

“Las cifras de Fasecolda muestran que el nivel de aseguramiento en Colombia continúa siendo muy bajo. Aun cuando no se cuenta con estimaciones confiables de los daños totales directos e indirectos que ha dejado el fenómeno en el país, las pérdidas aseguradas alcanzarían sólo una fracción de estos”, dijo la Federación.

Sector agropecuario: durante 2022, 165.000 hectáreas de cultivos estuvieron protegidas; más de 3.572 toneladas de pescado, 48.858 animales pecuarios y 489.500 aves. Adicionalmente, se llegó a 26.000 beneficiados, lo que representó un incremento de casi 400% versus las cifras de 2016, del total, 97% son pequeños productores.

Adicionalmente, entre 2010 y 2021, con incentivos por $390.000 millones, se aseguraron inversiones del agro por $11,8 billones, es decir que por cada millón del incentivo al seguro agropecuario, se aseguraron $30 millones en el sector.

En 2022, aunque todavía no se conocen las cifras consolidadas, se estima que las aseguradoras pagaron más de $57.000 millones a productores agropecuarios que vieron afectadas sus inversiones o proyectos productivos en el país.

Seguros de personas

Vida: se registraron más de 25 millones de asegurados en las diferentes coberturas. Los seguros de vida grupo presentaron primas por $10.229 millones en 2022, 18% más que en 2021, mientras que las familias que perdieron algún ser querido o presentaron invalidez, recibieron indemnizaciones por $2,8 billones.

Salud: durante el año pasado se completaron 800.000 personas con seguro de salud, con lo que la cifra de primas llegó a $5.902 millones, mientras que la siniestralidad aumentó 75%.

Pensiones: el ramo registró un crecimiento histórico de sus primas gracias a Asulado, la compañía de Grupo Sura, con una producción nueva de $5 billones. Si se descuentan las primas de esta compañía el crecimiento fue de 22%. Por otro lado, el seguro previsional registró un descenso de la siniestralidad, al pasar del 128% en 2021 al 115% en 2022.

Riesgos laborales: A noviembre de 2022, el Sistema General de Riesgos Laborales reportó 1,07 millones de empresas afiliadas, 6,5% más que durante el mismo periodo de 2021. El número de trabajadores afiliados llegó a 11,6 millones, 8,2% por encima del año anterior.

“Esta recuperación obedece, entre otros motivos, a la mayor afiliación de trabajadores por parte de las empresas y la mejora de los indicadores de empleo del país. El año anterior, entró en vigencia el decreto de reclasificación de actividades laborales al pasar de 604 a 1104, esto permitirá atender a los trabajadores de forma más especializada, de la mano de las ARL”, señaló Fasecolda.

Cumplimiento: durante 2022, el sector asegurador otorgó 96% de las garantías emitidas a favor del Estado en la contratación pública, según cifras del Secop II, lo que lo convierte en el principal mecanismo de garantía para el cumplimiento de los contratos estatales. Adicionalmente, pagó más de $207.000 millones en siniestros asociados a contratos celebrados con entidades estatales, empresas de servicios públicos (ESP) y empresas industriales y comerciales del Estado.

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