Nueva EPS no reportó los estados con corte al primer trimestre de 2025 y, preliminarmente, su situación podría aumentar el déficit patrimonial.
Más de un año después de la cascada de intervenciones ejecutadas por el presente Gobierno y que alcanzó a siete EPS, el observatorio Así Vamos en Salud presentó un reporte con el estado financiero de las aseguradoras que fueron tomadas, incluidas Capresoca y Savia, intervenidas en Gobiernos pasados, y encontró que el patrimonio de ha deteriorado progresivamente.
El observatorio explicó que con el fin de lograr una comparación homogénea, se consolidó la información correspondiente a los primeros trimestres de los años 2022, 2023, 2024 y 2025. “Esta estrategia permite observar la evolución y las tendencias de los principales indicadores financieros”, resaltó la entidad.
“Se consolidaron los datos de las nueve entidades que actualmente se encuentran bajo medida de intervención, con corte al 31 de marzo de 2025. Estas entidades son: Savia Salud EPS, Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Sanitas, EPS S.O.S, Famisanar y Nueva EPS”, señaló el observatorio.
Y complementó: “Se evidencia el deterioro progresivo del patrimonio de las nueve entidades analizadas. En el primer trimestre de 2022, el patrimonio negativo ascendía a $1,3 billones; para el mismo periodo de 2023, esta cifra aumentó a $3,3 billones, lo que representa un incremento de 140%. Posteriormente, en el primer trimestre de 2024, el patrimonio negativo alcanzó $5,7 billones, y para el mismo periodo de 2025, ascendió a $10 billones. Esta variación representa un incremento de 74,5% en comparación con el primer trimestre del año anterior”.
Lo más relevante es que la entidad aseguradora más grande del país, Nueva EPS, no reportó información financiera correspondiente a los años 2024 y 2025. Esta ausencia de datos, según Así Vamos en Salud, impide su inclusión en la comparación y plantea la posibilidad de que el deterioro patrimonial del sector sea incluso más grave de lo que reflejan las cifras disponibles.
Keralty, sociedad de origen español y accionista controlante de EPS Sanitas, se había pronunciado en abril tras conocerse que la Superintendencia de Salud extendió la intervención a esta aseguradora y calificó la medida como “arbitraria” e “ilegal”.
Tal como lo expresó la organización en ese momento, “el argumento de que una intervención por parte de la Superintendencia de Salud corregiría lo que el Gobierno ha querido hacer ver como una ‘mala gestión’ de administradores privados es contraria a la realidad. Los resultados de este año demuestran que esta intervención no ha solucionado la crisis, sino que, por el contrario, la ha agravado y los indicadores de patrimonio, reservas técnicas y quejas han empeorado a niveles alarmantes”.
El propietario de Sanitas agregó que, de forma expresa, “se reconoce que el resultado de la gestión durante la intervención refleja ‘un deterioro significativo de la situación financiera en el último periodo evaluado’ de forma que la gestión durante la intervención no está cumpliendo con los indicadores y metas propuestos”.
El análisis financiero de los primeros trimestres de los últimos cuatro años, tal como lo señaló el observatorio, evidencia un proceso de deterioro estructural en el sector de las EPS, que compromete de manera significativa su viabilidad. La caída sostenida del patrimonio, los resultados negativos del ejercicio y las pérdidas operacionales recurrentes son manifestaciones de una crisis financiera profunda, que exige atención inmediata desde la política pública, la regulación y la gestión interna de las entidades.
A nivel general, agregó el análisis, el consolidado de las EPS evidencia una cartera en mora de magnitud significativa, lo cual representa un riesgo crítico tanto para la sostenibilidad financiera de estas entidades como para el adecuado funcionamiento del sistema de salud en su conjunto.
“Particularmente, el grupo de EPS intervenidas presenta también un nivel de morosidad considerablemente alto, lo que limita el flujo oportuno de recursos hacia clínicas, hospitales y demás prestadores. Esta situación afecta directamente la capacidad operativa del sistema, el cumplimiento de obligaciones como el pago de nómina, comprometiendo la calidad y continuidad en la prestación de los servicios de salud”, puntualizó Así Vamos en Salud.
