Mientras el mundo avanza en el proceso de descarbonización, es decir, en una reducción progresiva del uso de combustibles fósiles, en Colombia está causando polémica una propuesta para cesar nuevos contratos de exploración petrolera.
Desde el punto de vista de expertos, hay varios tópicos que deben tenerse en cuenta antes de tomar una decisión de tales proporciones.
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, indicó que los datos oficiales señalan unas reservas de crudo para un lapso de cinco o seis años en el país. De ahí que sea necesario encontrar nuevos pozos para continuar con la producción.
Desde su óptica, frenar la búsqueda de nuevos yacimientos implicaría un riesgo para la autosuficiencia energética.
Tal como lo enfatizó, si se llega a agotar el hidrocarburo “tendríamos que importarlo porque nuestras refinerías demandan, aproximadamente, 360.000 barriles por día para producir los combustibles que el país requiere”.
Esto, a su modo de ver, también tendría un impacto negativo sobre el precio del dólar, porque Colombia opera bajo un régimen de “libre flotación”.
Eso quiere decir que el valor de la divisa depende, en gran medida, de su cantidad disponible para la compraventa; si hay escasez —porque ingresan menos remesas o bajan las exportaciones, que están lideradas por el petróleo— entonces se encarece, lo que tendría un efecto directo en el costo de vida para los colombianos (ver Radiografía).
Por otra parte, una menor venta de petróleo significaría un choque directo para la caja de la Nación, teniendo en cuenta que “un 16% de sus ingresos corrientes derivan de los impuestos a la renta que paga la industria petrolera y otra parte procede de los dividendos pagados por Ecopetrol”, dice.
Cabe recordar que, de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación, esos ingresos corrientes sumarían $168,8 billones para 2022.