El nombramiento del exfiscal Luis Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia dejó inquietas a las víctimas del sonado descalabro de la sociedad Factor Group, quienes 14 años después siguen a la espera de que termine su resarcimiento.
El abogado José Luis Giraldo, apoderado de un grupo de afectados, señaló que Montealegre, quien estuvo al frente del ente acusador entre marzo de 2012 y marzo de 2016, nunca “movió” el proceso contra los responsables de la estafa de alrededor de $260.000 millones (unos US$60 millones), y pese a que en algún momento se comprometió a esclarecer el caso, optó por quitarle el apoyo a los funcionarios a cargo de la investigación.
“Creo importante recordarle al pueblo colombiano quién es Luis Eduardo Montealegre y sus negocios que nunca aclaró. Hoy todavía las 1.152 víctimas de David Wigoda no reciben un resarcimiento por los daños causados, y cuando era fiscal no hizo nada para apoyar a las víctimas”, enfatizó.
Uno de los negocios al que hace referencia Giraldo, consta en un certificado de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Norte, en el que la anotación número 10 da cuenta de una operación de compraventa de un inmueble, en el que intervienen Montealegre y Wigoda.
La operación registrada en marzo de 2010 tuvo un valor de $890 millones, y en ella además de Montealegre y Wigoda se mencionan a sus respectivas parejas.
“¿Cómo es posible que esta persona (Montealegre) que no nos ayudó en nada, lo nombren ministro de Justicia?, o ¿cómo va a ser el nombramiento de este señor que negoció con Wigoda y alargó el proceso de investigación”, interrogan los perjudicados.
Prueba de la falta de apoyo de Montealegre a la investigación de Factor Group, según dice Giraldo, es que prescribió el delito de estafa, y solo se pudo condenar a Wigoda por captación masiva habitual de dinero.
En este punto vale anotar que en fallo del Juzgado 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, proferido en febrero de 2021, se condenó a Wigoda a 13 años de prisión por captación masiva y habitual de dineros del público y estafa agravada en masa.
La estafa de Factor Group
En 2009, David Wigoda , un joven empresario decidió crear una firma dedicada al factoring, o compra y venta de facturas.
Como cualquier compañía, Factor Group empezó a realizar negocios rentables para sus clientes.
Sin embargo, años después, decidió apostar por los negocios de ganado e inmuebles, pero lo que se veía rentable fue todo lo contrario. Por eso en octubre de 2011, al verse sin liquidez, la firma decidió acogerse a la Ley 1116 de reorganización empresarial.
Así las cosas, Factor Group emprendió un plan de desmonte y en octubre de 2011 la Supersociedades asumió la reorganización de la compañía, para la cual se ordenó su liquidación, en abril de 2013.
Dos años más tarde, en 2015 se ejecutaron las primeras detenciones y el extenso proceso desencadenó en 2021 la condena de Wigoda, de quien se dice buscó refugio en Israel, donde estaría ubicado en la actualidad.
¿Qué han recuperado los afectados?
A más de una década de haberse destapado el descalabro de Factor y la intervención de diversas autoridades, los perjudicados solo han recuperado unos $27.000 millones, cerca del 10% de lo invertido, fruto de la venta de cuatro fincas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que representan casi 4.000 hectáreas, que se supone fueron distribuidas entre campesinos sin tierra.
Los predios negociados en 2023 fueron La Oficina, Dallas, Campo Alegre y Las 40 por valor exacto de $27.697 millones. Pese a la operación, la entidad a cargo de la transacción (Acción Fiduciaria) solo entregó $19.000 millones y dejó más de $8.600 millones en reserva, para sufragar los gastos por un periodo de 5 años y las comisiones de la fiducia.
Curiosamente está en trámite una demanda por la venta de esos predios, pues Acción Fiduciaria pretende cobrar una comisión de 5% por esa negociación pese a que no tuvo ninguna participación. Hace una semana se celebró una audiencia y está por realizarse otra.
También se indicó que quedan por vender unas 2.400 hectáreas de tierra sobre las cuales se está negociando su desembargo con una entidad financiera. Las posibilidades de recuperar algo para los afectados con estos lotes es lejana, ya que hay problemas de titularidad de ellos.
Además, decenas de reses que estaban en poder de Factor Group (bojo el fideicomiso Ceba de Ganado) fueron vendidas hace algunos años, lográndose con ello un reembolso de $2.000 millones.
De otro fideicomiso, llamado Grupo Monarca La Selva, hay ocho lotes, localizados en Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, cuyo avalúo sería de unos $21.700 millones, pero la falta de obras de urbanismo reduciría considerablemente el valor de los terrenos.
