Hasta 5.000 salarios mínimos (3.688 millones de pesos) podría costarles a las empresas comercializadoras y exportadoras no hacer bien el reciclaje de residuos electrónicos, cuando tienen obligaciones legales frente a ese manejo.
Así lo establece la Ley 1672 de 2013, al dejar en mano de las compañías el diseño y la implementación de las estrategias dirigidas a los consumidores de sus productos, para lograr la eficiencia en la devolución y recolección de residuos electrónicos, además de las campañas informativas.
“Están obligadas a gestionar su reciclaje y a brindarle al consumidor los espacios para la recolección de aparatos que ya no usen”, dijo el director de EcoCómputo Edgar Erazo.
De igual forma, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) puede también sancionar legalmente en virtud de sus competencias para la defensa del consumidor en caso de que éste no encuentre información y espacios adecuados de recolección en los lugares dónde adquiere estos aparatos.
“La ley exige también a las empresas que utilizan en sus instalaciones ya sea por compra o por leasing los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) disponer adecuadamente de estos”, explica Erazo.
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