En una audiencia virtual pública, la Superintendencia de Sociedades dio el aval al proceso extranjero de reorganización de Latam Airlines Group S.A. y sus subsidiarias, que operan en el país.
Con este aval, las autoridades colombianos acogen el acuerdo al que llegó la aerolínea ante el juez de bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York, el cual según indicaron las directivas de Latam, el comité de acreedores del procedimiento que se lleva a cabo en los Estados Unidos, designará un representante en Colombia a efectos de que el comité pueda cumplir sus deberes fiduciarios frente a los acreedores colombianos.
La Supersociedades otorgó el reconocimiento del proceso extranjero principal y concedió las medidas de protección al deudor previstas en el ordenamiento colombiano, tales como la suspensión de procedimientos ejecutivos en Colombia por obligaciones anteriores, la prohibición de disponer de bienes ubicados en Colombia por fuera del giro ordinario de los negocios, y la advertencia a terceros de no poder terminar contratos ni poder imponer medidas desfavorables al Deudor en Colombia con ocasión del proceso de insolvencia.
La autoridad colombiana pidió a la compañía un inventario de pasivos en Colombia y advirtió que el procedimiento extranjero y cualquier medida que se haga extendible en la República de Colombia, solamente se autorizará en la medida que respete el orden público, por lo que advirtió que en ningún momento se pueden afectar los derechos pensionales con el procedimiento extranjero.
Finalmente a las sociedades y sucursales de Latam en Colombia a las que se extienden las medidas son Aerovías de Integración Regional S.A., Línea Aérea Carguera de Colombia S.A., , LATAM Airlines Group S.A. (Sucursal Colombia), LATAM Airlines Perú S.A. (Sucursal Colombia).
“La finalidad de este proceso de insolvencia no principal, es reconocer el proceso extranjero y hacer extensibles las órdenes proferidas por el Juez del Concurso y principal de Nueva York a los bienes y acreedores ubicados en Colombia, respetando siempre las normas de orden público de obligatorio cumplimiento en el país”, dijo la Supersociedades.
