El Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso el proyecto de ley para adicionar $23,2 billones al Presupuesto General de la Nación, vigencia 2023. Esos recursos según la cartera encargada de las finanzas de Colombia, vendrían de los recaudos adicionales aportados por la reforma tributaria aprobada en noviembre del año pasado.
“La adición es fiscalmente responsable: los recursos de la reforma tributaria, dividendos, utilidades y otros movimientos presupuestales permiten aumentar el gasto en $23,2 billones de acuerdo con el compromiso del Gobierno”, comunicó Hacienda.
En total se adicionan gastos en el PGN por $25,4 billones, de los cuales $23,2 son del Gobierno, sin incluir servicio de la deuda. La diferencia por $2,2 billones de gasto corresponde a los establecimientos públicos (IBCF y Sena) y se financia con recursos propios de estos como tasas, contribuciones y multas.
Así las cosas, los recursos destinados a la inversión social totalizarían $86,5 billones y el monto sube frente a los $74 billones que le habían aprobado al Ministerio de Hacienda inicialmente.
Pese a que hay dudas sobre el alto gasto que pretende desplegar el gobierno en sus programas sociales, desde Hacienda defendieron que “este proyecto de ley permite impulsar la economía dentro de los parámetros de la regla fiscal”.
Las modificaciones presupuestales, según Minhacienda, buscan adecuar el presupuesto a nuevas condiciones económicas, sociales, y ambientales que se puedan presentar durante la ejecución de los gastos de funcionamiento y servicio de la deuda pública o de los proyectos de inversión, que por diferentes motivos, no fueron previstas durante la etapa de programación presupuestal.
Los recursos adicionales servirán para alimentar la caja que ya está comprometida con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que propone gastar 1.154 billones hasta 2026 para responder a las iniciativas planteadas por el gobierno.
“El 89,2% de la adición de gastos al Gobierno Nacional se destinan al avance de las transformaciones previstas en el PND, el 10,8% restante corresponde al cubrimiento de obligaciones legales y para operación de las entidades, tal como se muestra en el cuadro adjunto”, detalló Minhacienda.
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