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Supertransporte investiga a 63 empresas por infringir normatividad

  • Desde junio, la Supertransporte anunció una campaña de verificación del cumplimiento de la normatividad en transporte de carga, incluyendo las relaciones económicas entre los actores de la cadena logística. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Desde junio, la Supertransporte anunció una campaña de verificación del cumplimiento de la normatividad en transporte de carga, incluyendo las relaciones económicas entre los actores de la cadena logística. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
07 de octubre de 2020
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La Superintendencia de Transporte (Supertransporte) encontró mérito para abrir investigación en contra de diez empresas de transporte terrestre de carga y 53 compañías generadoras de mercancías, por presuntamente infringir la normatividad que regula las relaciones económicas entre estas y los propietarios, poseedores o tenedores de los vehículos.

La entidad recibió información de la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, en la cual hay un listado de empresas que presuntamente realizaron pagos por debajo de los costos eficientes de operación.

En un comunicado, la superintendencia explicó que el generador de carga es el remitente o destinatario de la mercancía, de conformidad con las normas que reglamentan el transporte. Este celebra un contrato de transporte con la empresa transportadora, pagándole un flete, y la empresa de transporte contrata a un transportador (propietario o poseedor de un vehículo) para llevar la mercancía.

“Al respecto, se previó en nuestra normatividad que las relaciones económicas entre el generador de la carga y la empresa de transporte público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación”, se agregó en el comunicado.

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El superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, manifestó que “la situación generada por la pandemia no es excusa para incumplir ninguna ley que esté vigente”, y pidió a los industriales y comerciantes, así como a los empresarios de transporte, para que revisen si se están cumpliendo en su totalidad las normas para el desarrollo de su actividad.

Las diez empresas de transporte investigadas por la Supertransporte son Ant Cargo, Ditransa, Eduardo Botero Soto, Logysteel, TSP, Transcomin, TDH, Transmervalle, Transportes Logísticos de Carga Nacional y Transurcar.

Las 53 empresas generadoras de carga son Camco, Colombiana de Frenos, Compañía de Galletas Noel, Compañía Nacional de Chocolates, Colcafé, Procter & Gamble Colombia, Productos Alimenticios Doria, Sodimac Colombia, Suppla Cargo, Legrand Colombia, Vidrio Andino, C. I. Bulk Trading Sur America, Palmas de Tumaco, Arcoli, Grasas S.A., Diana Corporación, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Corpacero, Premex, Colombiana de Moldeados, Ternium Colombia, Consorcio Metalurgico Nacional, Detergentes Ltda., Sociedad Industrial de Grasas Vegetales, Terpel, Monomeros Colombo Venezolanos, Laboratorios Baxter, Sociedad de Comercialización Internacional Excomin, Industria Productora de Arroz, Somex, Carcafe, Contegral, Olam Agro Colombia, Orf, Biable Ingenieria y Servicios, Calorcol, Carnes Casablanca, Colombiana de Suministros y Negocios, Colplast, Comercializadora Econorte, Coopresur, Distriplex San Juan, Yolis, Industrias Promar, Maquinaria y Soluciones Alimenticias, Sudespensa Barragán, Vidriera Otún, C. I. Trafigura Coal Colombia, Miner Coque de Colombia, Agricolab, Vertiblinds by Design y Cooperativa Colanta.

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En caso de ser encontradas responsables, las empresas podrían ser multadas hasta por 700 salarios mínimos legales vigentes cada una, es decir unos 614,46 millones de pesos.

La superintendencia añadió que contra la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos, no procede recurso alguno. En el curso de la investigación administrativa, que se hará con estricto apego a la ley, se decidirá la responsabilidad de los investigados de acuerdo con los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa.

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