En unos dos meses se espera que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se pronuncie sobre los recursos de reposición que han interpuesto empresas y personas vinculadas a los acuerdos ilegales de precios en contra del bolsillo de los colombianos en el mercado de los pañales desechables.
Por esa cartelización fueron sancionadas Colombiana Kimberly Colpapel (Huggies), Productos Familia (Pequeñín) y Tecnoquímicas (Winny), y absueltas Drypers Andina (Babysec) y Tecnosur, hoy filial de Tecnoquímicas. Por ser primera delatora, la SIC perdonó la multa de 68.945 millones de pesos a Kimberly, mientras Familia debe pagar la mitad de ese monto y Tecnoquímicas su totalidad.
Mientras el superintendente Pablo Felipe Robledo ratifica o acoge argumentos de esta última instancia para modificar la Resolución 43218, del 28 de junio pasado, EL COLOMBIANO conoció denuncias y documentos que apuntan a que Kimberly no debería recibir los beneficios de la delación, porque “omitió información” y “mintió con dolo” a la SIC en varias oportunidades desde 1998.
Así lo aseguró a este diario el ingeniero Hellmuth Scharder Saldarriaga, quien fuera en 2004 presidente de la filial en Colombia de esta multinacional estadounidense, para la que trabajó durante 7 años y se retiró en 2006.
Si bien la SIC archivó su proceso por caducidad de los hechos investigados, pasaron más de 10 años, este empresario antioqueño considera que su buen nombre se ha visto afectado por el “fraude” cometido por Kimberly e incluso llevará el caso a la justicia de Estados Unidos.
“Kimberly engañó a SIC”
Con documentos en mano, Scharder argumenta que el cartel de los pañales no empezó en 2001, como ha dicho la SIC, sino que su origen se remonta a 1998. Mientras la valluna Tecnoquímicas atravesaba dificultades económicas, Kimberly le propuso invertir en su subsidiaria Tecnosur y quedarse como accionista controlante.
Pero esa operación de integración no fue autorizada por la SIC porque iría en contra de las leyes de competencia y quedaría con posición dominante de mercado (70 %).
Por eso cambiaron los términos de inversión, y cada parte tendría 50 %, no habría control de ninguna y Tecnosur seguiría como otro competidor. Así que el 28 de diciembre de 1998, el entonces superintendente Emilio José Archila, autorizó la operación.
“Lo que Kimberly y Tecnoquímicas no dijeron a la SIC es que tenían un acuerdo de accionistas firmado desde el 11 de diciembre de dicho año, donde se da a entender que, una vez aprobada la operación por la SIC, se cambiarían los estatutos de Tecnosur y Kimberly quedaba con el control sobre su competidor en el mercado de pañales durante, al menos, 15 años”, afirmó Scharder, quien obtuvo lo aportado por las empresas a la SIC y el acuerdo (ver facsímiles). Al revisar ese documento, se aprecia el voto de control de Kimberly en la junta directiva de Tecnosur y que esto era conocido por la casa matriz, en Estados Unidos.
Además en el “Contrato de depósito con opción de compra” firmado entre Tecnosur y Tecnoquímicas, el primero de marzo de 2009, queda claro que la última hacía la gestión comercial bajo las condiciones que imponía la primera como fabricante.
“(...) se anexa una lista de precios de los productos y demás condiciones de la venta, pero Tecnosur se reserva el derecho de modificar unilateralmente esta lista de precios en cualquier momento”. También se condiciona a Tecnoquímicas, por ejemplo, a solo vender en Colombia y no ofrecer “mercancías de competidores de Tecnosur”.
“Cuando llegué en 2004, me dijeron que una de mis funciones como presidente para Colombia era ser representante en la junta de Tecnosur, que en la práctica era como una filial de Kimberly. Siempre asumí que el acuerdo con Tecnoquímicas era legal, y nunca vi que Tecnosur era un competidor, me asaltaron en mi buena fe”, dijo Scharder, quien asegura que su vida de ejecutivo ha sido una antes y después de Kimberly.
Frente al engaño que reitera el empresario, EL COLOMBIANO consultó al exsuperintendente Archila. El reconocido abogado respondió que desde la óptica de la SIC nunca hubo razones para pensar que existía una integración: “no podrían comportarse en el mercado como si fueran la misma empresa, tendrían que seguir compitiendo como independientes”.
En las pesquisas que adelantó Scharder para defenderse ante la SIC del pliego de cargos que elevó en agosto de 2014, también advirtió otra irregularidad. Kimberly-Clark, si controlaba la operación de Tecnosur, solo en el informe anual de 2010 la reportó como filial ante la Securities and Exchange Commision (SEC), la SIC de Estados Unidos, pero antes y después era solo una inversión.
Con todo, en mayo de 2014 volvió Tecnosur a ser de Tecnoquímicas, cuando tenía el 54 % del mercado nacional de pañales. Para entonces, ya la SIC adelantaba investigaciones contra Kimberly y sus competidores por cartelización que ya fue confirmada en los mercados de papel higiénico y pañales, aunque falta una decisión final de la SIC sobre acuerdos ilegales en el negocio de cuadernos. En todos los casos, Kimberly se ha acogido al programa de beneficios por delación para evitar la multa.
“No estoy en contra de la figura de delación, sino de que se perdone a una empresa que no ha dicho toda la verdad y recibe beneficios inmerecidos”, aseveró Scharder.
Se esperan respuestas
Frente a los graves señalamientos, este diario remitió a Kimberly, mediante su agencia de comunicaciones, un cuestionario de 15 preguntas, pero solo se obtuvo una escueta respuesta el 15 de julio pasado.
Informa que Scharder fue retirado hace más de 10 años “y las alegaciones que ahora está presentando no tienen fundamento y carecen completamente de mérito alguno. Desde el inicio de las investigaciones, Colombiana Kimberly Colpapel prometió plena y absoluta cooperación y apoyo a la SIC, compromiso que ha cumplido cabalmente y que continuará cumpliendo hasta que el superintendente concluya sus investigaciones y actuaciones respecto del caso” (ver Informe)
También se buscó sin éxito una respuesta de Tecnoquímicas por su responsabilidad en un acuerdo no revelado a la SIC en su momento y que estuvo vigente por 15 años. Un directivo indicó que no se pronunciarán porque aún está abierto el proceso en la SIC.
Sin embargo, en una entrevista dada al diario El País (Cali) en septiembre de 2014, el presidente de Tecnoquímicas Francisco Barberi Ospina, aseguró que Tecnosur era reportada por su exsocio como subsidiaria: “al personal de Kimberly, como parte de la inducción, se les contaba que esa compañía era dueña del 50 % de Tecnosur, por eso consolidaban el mercado y asumían que tenían el 70 % de participación de ese mercado. Esa era la manera como capacitaban al personal de Kimberly, eso está en el expediente”.
Con todo, el superintendente Robledo desestimó estos elementos en su última decisión: “independientemente de si Kimberly ocultó o no el Acuerdo de Accionistas suscrito con Tecnoquímicas, lo cierto es que esa información no resulta relevante para el esclarecimiento de la conducta anticompetitiva que se investiga, por cuanto el supuesto control de Kimberly sobre Tecnosur no cambia en nada la conclusión del Despacho, sobre la responsabilidad administrativa por las conductas anticompetitivas aquí investigadas (...), se insiste, esta compañía ha operado desde su constitución como una planta de producción que no fija los precios de los pañales en el mercado colombiano”, se lee en la página 32 de la resolución de 173 folios.
Este diario indagó a la SIC sobre el tema, pero respondió que Robledo no se puede pronunciar porque falta agotar la segunda instancia.
Al final, para Mauricio Velandia Castro, abogado defensor de Scharder, quien también fuera jefe de Promoción de la Competencia de la SIC en 1998, está claro que Kimberly no solo fue el instigador del cartel de los pañales desde que entró como socio a Tecnosur, también ocultó su posición dominante y, por ende faltó a la verdad, requisito para ser aceptado como delator: “esperamos que el superintendente tome una decisión justa, ¿cómo puede perdonarse a un mentiroso?”.
