Si usted es de los que viaja en avión hay un anuncio importante: desde el 25 de mayo la Superintendencia de Transporte asumió la protección del viajero. Compensaciones por demoras, pérdida de equipaje, mecanismos de fidelización y hasta publicidad engañosa serán responsabilidad de la entidad.
La primera superintendente de Transporte de este Gobierno, Carmen Valderrama, habló con EL COLOMBIANO sobre los desafíos de una entidad que pese a tener 9.000 vigilados solo cuenta con 45.000 millones de pesos para meterlos en cintura y un máximo de 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes para sancionar (579,6 millones de pesos).
Trabaja en un proyecto de ley que busque aumentar su capacidad sancionatoria y se apoya en el régimen del consumidor que puede imponer multas de 2.000 salarios (1.656 millones de pesos) o el de competencia, con 100.000 salarios para personas jurídicas.
¿Qué entidad encontró?
“Era desconocida o se dedicaba a sancionar específicamente en transporte terrestre. Con un porcentaje importante en contratistas y un nivel no muy riguroso desde el punto de vista jurídico, sumado a una debilidad tecnológica grande que, ni siquiera, tenía un sistema único de trámites”.
¿Qué retos exige la entidad?
“Que la renovemos y reestructuremos para asumir funciones que le corresponden: supervisar un sector para que funcione, y para eso actúa en prevención, investigación y control. La parte de prevención no se hacía. Esto nos hace generar mecanismos para no esperar a que haya situaciones extremas para sancionar; porque las multas no siempre arreglan los problemas del mercado”.
¿Está conforme
con el presupuesto?
“El presupuesto es de 49.000 millones que es muy poco para todo lo que vigilamos, pero esa es nuestra realidad y el reto es optimizar recursos.
Más allá de eso el segundo reto era fortalecer jurídicamente la entidad, entre otras cosas, la Ministra le preguntó al Consejo de Estado si estaba presente o no el régimen sancionatorio, y es a partir de esto que el Consejo se pronuncia y es por eso que el régimen sancionatorio era nulo desde 2016. Tenemos que revisar las decisiones e investigaciones en más de 60.000 casos”.
¿Hoy la Superintendencia de Transporte no tiene dientes para sancionar?
“Se derogó un régimen que estaba fundamentado en un decreto y en una resolución, pues el régimen sancionatorio siempre tenía que estar en la ley. Quedamos exclusivamente con el régimen que está en la Ley 105 de 1993 y Ley 336 de 1996, se debe actualizar”.
¿De cuánto son las
multas más grandes?
“Las máximas son de 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 579 millones de pesos. Son muy bajas para las empresas grandes y no se genera el impacto que debería. Por eso estamos trabajando en un proyecto de ley desde el punto de vista técnico. Si hay un interés parlamentario para trabajarlo, nos subiríamos cuanto antes. Tenemos que socializarlo con los interesados”.
¿De cuánto serían
las sanciones máximas?
“No me atrevo a dar cifras específicas, pero unos precedentes importantes son los regímenes sancionatorios de consumidor y competencia, el primero por multas máximas de 2.000 salarios mínimos y el segundo de 100.000 a personas jurídicas”.
¿Por qué hasta ahora
se asume la protección
del pasajero aéreo?
“Cuando llegué había una norma en nuestro contexto jurídico que exigía que esta entidad protegiera a los usuarios y no se estaba haciendo, se enviaba a los jueces y ya. A partir de la renovación se creó la delegatura de protección a usuarios y se reconoció lo que la ley ya tenía. Se tenía a todos menos el aéreo, responsabilidad que asumimos con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)”.
¿Desde cuándo
empieza a regir?
“Por ahora el apoyo lo presta la Aerocivil en el aeropuerto, pero ya está pasando la información a la Superintendencia para iniciar las labores. En la práctica esta entidad debe pasarle personal a la entidad y se requiere la intervención de Función Pública, entre otros ministerios. Espero que este año queden trasladadas las competencias. La gente se puede comunicar vía telefonía móvil marcando #767, por correo ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co o al 018000915615”.
¿Con qué funciones queda la Supertransporte y cuáles la Aerocivil?
“La Superintendencia se encargará de la protección de los derechos de los usuarios, desde la cotización del servicio hasta su efectiva ejecución. Los derechos y deberes de los usuarios se encuentran previstos en los Reglamentos Aeronáutico de Colombia -RAC 3 y en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011). La Aerocivil seguirá teniendo a su cargo todo lo relacionado con la regulación del sector aéreo, y supervisará el cumplimiento de las normas relacionadas con seguridad (ver Paréntesis).
¿Si hay un requerimiento que está en curso en la Aerocivil, este pasaría a la Superintendencia?
“Las investigaciones administrativas que hubiera iniciado la Aerocivil por la violación de los derechos de los usuarios, seguirán su curso ante esta entidad, con el régimen jurídico y el mismo procedimiento. Las quejas o denuncias respecto de las cuales a la fecha de entrada en vigencia del PND la Aerocivil no hubiera iniciado una investigación administrativa, serán trasladadas a la Supertransporte”.
¿Cuánto se va a invertir para fortalecimiento tecnológico?
“De los 49.000 millones, serían 19.000 millones. Esto porque es tecnología para la supervisión, no es que nos vayamos a llenar de computadores”.
Y hablando de tecnología, ¿qué se hará con plataformas como Uber y Cabify?
“Si queremos hacer un bien al país no me puedo pronunciar. Por ahora estoy verificando cómo funciona el mercado”.
$49.000
millones es el presupuesto que tiene esa entidad para el ejercicio de 2019.
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