Luego de que la Corte Suprema de Justicia conminara al Congreso a crear una reforma laboral, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) propuso nuevamente estudiar la definición de un salario mínimo diferencial entre las distintas regiones de Colombia.
Esta sería, desde la óptica de ese centro de estudios, una alternativa para recuperar los dos millones de empleos que hacen falta para tener la tasa de ocupación en los niveles prepandemia.
Mauricio Santamaría, presidente de Anif, subrayó que esta discusión ha carecido de tecnicismo y apuntó que el costo de vida varía dependiendo de cada ciudad, por lo que la retribución salarial no debería ser la misma.
En línea con ello, vale recordar que la metodología del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para medir la pobreza monetaria, desde 2020, establece líneas de pobreza y pobreza extrema en relación con lo que cuesta vivir en cada urbe.
Recuperación sin empleo
De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, durante la época más crítica de la pandemia en 2020, se perdieron 5,4 millones de puestos laborales.
Y aunque se han recuperado las contrataciones, el ritmo no es el deseado. Así lo hizo notar Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, quien explicó que se ve un resurgir de la economía sin una empleabilidad proporcional.
A su juicio, la discusión de un mínimo diferencial debe darse: “la pregunta de fondo es si la legislación laboral debe exigirles a todos los micro, pequeños y grandes empresarios pagar el mismo salario mínimo independiente de donde está ubicada su operación”.
“Aunque insisto, esto no es para decir que el salario debe ser más alto en las grandes ciudades”, subrayó.
En este sentido recordó que Colombia tuvo un salario diferencial entre el área urbana y la rural hasta la década de 1970. “En su momento, eso se unificó pensando que iba a beneficiar a los campesinos, pero terminó generando todo lo contrario”, apuntó.
Privilegiar la inversión
Para Carlos Julio Díaz, director de la Escuela Nacional Sindical (ENS), la propuesta no fue viable en el pasado ni lo será ante la actual coyuntura.
“El camino no es proponer una política de salarios decrecientes. La forma de garantizar el desarrollo económico es haciendo inversión social y en infraestructura”, expuso.
Según afirmó, en las regiones de baja productividad se necesita la proveeduría de bienes colectivos, como carreteras, con miras a hacer sostenibles las actividades productivas e incentivar el crecimiento de la actividad económica, “de tal manera que las compañías sean rentables y puedan generar nuevos empleos”.
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