Combatir la informalidad: mucho más que el acceso a seguridad social

En Colombia la tasa de trabajadores bajo esta condición en agosto fue 47,3 % en las 23 ciudades principales. Experto del BID propone “inversión masiva” para superarla.

La población que labora en la informalidad ha oscilado en cerca del 50 % del total de trabajadores nacionales, según anotó el gerente del Banrepública durante la conferencia. FOTO Edwin Bustamante

Reducir la tasa de informalidad laboral en Colombia y América Latina no depende exclusivamente de brindarle seguridad social y prestaciones a los trabajadores; hay que distinguir si se quiere combatir este fenómeno enfocado en los ocupados —que no cotizan a pensión o independientes que no pagan impuestos—, o en las empresas que no cumplen con requisitos formales.

Esta fue la premisa propuesta por Mariano Bosch, especialista líder de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la primera jornada de la conferencia ‘Economía de la informalidad’ impulsada por la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, Alianza EFI y la Red de Investigaciones Económicas del Banco de la República, que se extenderá hasta este viernes.

El experto indicó que en aras de implementar una política pública para contrarrestar esa situación los gobiernos deben tener claro el tipo de informalidad que desean atajar.

En lo que sí tiene un común denominador este problema, anotó Bosch, es en que los más afectados son quienes poseen un bajo nivel de educación e ingresos, así como mujeres y jóvenes.

Además, resaltó a modo de contexto que los estudios del BID encontraron que en la población ocupada vinculada a empresas de la región (asalariados) hay un 62 % de formalidad laboral en tanto que en los trabajadores por cuenta propia este indicador apenas llega al 13 %.

El hoy por hoy

Para Colombia este desafío es de grandes proporciones si se tiene en cuenta que de acuerdo con el Dane, de los 10,2 millones de ocupados reportados en agosto en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas, 5,36 millones eran formales y 4,83 millones informales (ver Paréntesis).

Estas cifras hablan de una tasa de informalidad de 47,4 % para las 23 zonas de referencia en el octavo mes, que es superior en 1,1 puntos porcentuales a la que se observó para igual lapso del 2019.

Según el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien estuvo presente en la apertura de la conferencia, este es un problema nacional de vieja data, en el que la mano de obra informal ha oscilado en una tasa del 50 %, y se trata de un segmento “particularmente vulnerable” a las crisis económicas y sanitarias como la actual.

“Los cierres por las cuarentenas han causado grandes dificultades económicas, especialmente para quienes viven de sus ingresos diarios. Hacer frente a la informalidad requerirá de políticas integrales que tengan en cuenta las características de territorio, poblaciones y condiciones de vida”, postuló Echavarría.

La investigadora de Fedesarrollo, Cristina Fernández, considera que este es un punto prioritario en una potencial reforma laboral, y advirtió que en momentos como el que se vive, la informalidad es la ruta más simple para volver a trabajar, por lo que se corre el riesgo de que este grupo tenga una proporción mayor.

Dice la experta que una dificultad es que en general gran parte de quienes empiezan a laborar en esta condición no salen de allí y son puestos de trabajo con una “muy baja productividad”.

Tarea de tiempo

Bosch, del BID, aseguró que por más sostenida que llegue a ser la estrategia estatal para contrarrestar la informalidad, los resultados solo se verán en el mediano y largo plazo, por lo que una “inversión masiva” para la educación preescolar hasta la educación para el trabajo es una acción fundamental en su concepto.

Y adhirió que hay que pensar en sistemas de protección social “más eficientes e inclusivos” y compañías más productivas, que son “objetivos de orden superior” si lo que se quiere es la creación de puestos más formales.

También la salida está en fortalecer la educación. El fin primordial, en Colombia y Latinoamérica, debe ser combatir el “superávit de mano de obra con déficit de talento” que no permite a las empresas encontrar los perfiles que necesitan, acotó José Alejandro Cheyne, rector de la universidad del Rosario.