EL COLOMBIANO le preguntó a ocho líderes de algunos de los principales gremios del país sobre su postura frente a la reforma tributaria o Ley de Solidaridad Sostenible presentada por el Gobierno, que busca recaudar 23,4 billones de pesos con estrategias como el cobro del impuesto de renta a asalariados con ingresos desde 4,1 millones de pesos mensuales en 2022; 2,9 millones desde 2023 y 2,5 millones en 2024.
Cada vocero tiene reparos sobre el proyecto en relación con su impacto al ramo que representa, pero quizá uno de los grandes puntos en que se alinean es que esta puede ser la reforma fiscal más ambiciosa que se haya hecho en el territorio nacional.
Frente al articulado hay dos grandes inquietudes que manifiestan: pasar de exentos de IVA (gravados con 0 % y que dan derecho a devolución) a excluidos (no están gravados y no dan derecho a devolución) más de 30 bienes entre los que están leche, queso, huevos y papas, por ejemplo, podría encarecer el precio al consumidor final.
La otra es sobre gravar con IVA de 19 % los servicios públicos de estratos 4, 5 y 6 en el que los que están categorizados dentro del 4 podrían ser los más afectados a la larga.
Hace poco, justamente, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que dijo estar estudiando el texto a profundidad antes de emitir un concepto, propuso una reforma en la que no se tocara el IVA y se pensara mejor en aplazar el beneficio de la devolución del ICA y la reducción del impuesto de renta a personas jurídicas y mantener dos años el impuesto al patrimonio.
Un planteamiento del que Javier Díaz, presidente de Analdex, uno de los líderes consultados en esta nota, dice ser “más amigo” que de la tributaria del Gobierno, que se da en un momento en que la economía está golpeada. Los gremios, entonces, sentaron su posición frente a un tema de relevancia nacional y estas son sus reflexiones (ver Módulos)
