Iba a ser el negocio más grande del sector tabacalero, el punto de lanza para un cambio en la idea de negocio de la Philip Morris, un vuelco significativo para una industria que es cada vez menos atractiva. Pero la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir los cigarrillos electrónicos en su país, por cuenta del aumento en su uso de jóvenes, hizo que ayer se echara para atrás el negocio.
Philip Morris (que opera desde 1885 en Estados Unidos) y Altria (de la industria de alimentos y tabaco, en funcionamiento desde 1985) habían llegado a un acuerdo, en agosto de este año, para fusionarse con la idea de ganar mercado en el consumo de cigarrillos electrónicos.
Sin embargo, los planes se esfumaron pues la nueva empresa, que se crearía valorada en 200.000 millones de dólares, quedó sólo en el papel luego de que Juul Labs (filial de Altria que se encargaría de la producción de esos dispositivos en Estados Unidos) dijo no ver con buenos ojos el futuro de ese mercado por las trabas de comercialización.
K.C. Crosthwaite, nuevo consejero delegado de Juul, dijo en una nota de prensa que la caída del negocio respondía en gran medida a “los niveles inaceptables de jóvenes usándolos (cigarrillos electrónicos) y la erosión de la confianza pública en nuestro sector. En ese contexto, debemos trabajar con los reguladores, legisladores y accionistas, y ganar la confianza de las sociedades en que operamos”.
Y es que su regulación vuelve a pasar por un tema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo en un informe de julio de 2019 que estos dispositivos eran “potencialmente dañinos”, de ahí que se pida un control exhaustivo.
Regulación que se traduce, entre otros, en la imposición de nuevos impuestos, o aumentar los que ya existen. La medida parece necesaria si se tiene en cuenta que según datos de Euromonitor, el número de usuarios de vaporizadores pasó de 7 millones en 2011 a 35 millones en 2016. Las estimaciones son que en 2021 la cifra llegue a 55 millones.
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