En un hecho sin precedentes en el país, las comisiones económicas del Congreso se negaron a discutir el proyecto de ley que define el Presupuesto General de la Nación para 2025, por falta de quórum. Por esta razón, el presidente Gustavo Petro será quien lo decrete directamente.
“No permitir que este gobierno avance y sabotear una propuesta de cambio donde se busca cerrar las brechas y atender a los sectores más marginados y más empobrecidos de la población colombiana no es el camino”, afirmó el director del DNP, Alexander López, ante el Congreso de la República.
Además, explicó, que el golpe de esta decisión no es para el presidente Petro o para el Gobierno, sino que “es un golpe para nuestro pueblo que esperan recursos que se dirijan al agua potable, al saneamiento básico, a la educación, a la salud, a la vivienda, que se dirijan a los jóvenes y a las mujeres...”
No obstante, advirtió que el proyecto de cambio seguirá avanzando. “Aún a pesar de su decisión de golpear al presidente y al Gobierno, los Congresistas de la oposición terminaron fue golpeando a los sectores más marginados, más empobrecidos y a las clases medias de este país”.
Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda presentó al Congreso de la República un proyecto de presupuesto para 2025 por un monto total de $523 billones.
De este total, $327,9 billones (62,7%) se destinarán a gastos de funcionamiento, $112,6 billones (21,5%) al pago del servicio de la deuda y $82,5 billones (15,8%) a inversión.
Es claro que el próximo año se tendría que destinar un monto de recursos significativo para pagar la deuda heredada de la atención de la pandemia, reduciendo de manera sustantiva la inversión pública, aclaró el DNP.
Para no permitir un desplome de la inversión social, el Gobierno presentó un proyecto de ley de financiamiento que complementaba al de presupuesto que seguirá su discusión las próximas semanas.
“Más allá de un debate técnico real, aquí hay una posición política que busca a toda costa no permitir que este gobierno avance”, afirmó López quien agregó que esta no es la forma de un Congreso expresarse frente a un país y ante un pueblo que demanda acciones y decisiones.
La inversión para 2025 priorizó recursos en programas sociales que permiten avanzar hacia el cierre de brechas, la reducción de desigualdades y la construcción de la paz, distribuyendo el presupuesto de inversión en sectores estratégicos como: Agricultura ($4,1 billones), Salud ($2,1 billones), Educación ($8 billones), Inclusión ($7,9 billones), Igualdad (incluyendo entidades como el ICBF) ($10 billones), y Vivienda ($4,2 billones), entre otros.
Con estas asignaciones, se dirige la inversión pública hacia temas prioritarios como el derecho humano a la alimentación, el acceso a la educación para la niñez y la juventud, el cuidado de la primera infancia y el acceso a servicios esenciales como salud, vivienda, agua y saneamiento.
Un monto menor de inversión comprometería la priorización de las apropiaciones asociadas con el gasto social, destinadas a atender las necesidades básicas de los ciudadanos. Por tanto, estas decisiones irían en contravía de los más vulnerables y de las transformaciones sociales y productivas, concluyó el DNP.
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