La Defensoría del Pueblo por medio de su representante, Jorge Armando Otálora, explicó que presentará una acción jurídica contra el Código Minero, al advertir inconstitucionalidad en el artículo 165, pues impide que la Fiscalía y las autoridades locales puedan controlar el fenómeno de la minería ilegal.
Según la entidad, “la norma citada permite que si un agente minero que opera sin título inicia su proceso de legalización, la Fiscalía no pueda ejercer acciones penales en su contra hasta que la autoridad ambiental resuelva dicha legalización, como tampoco podrán las autoridades administrativas locales tomar medidas para suspender la actividad minera y proceder al decomiso de materiales en esos complejos que operan sin el lleno de los requisitos...