Las crecientes dificultades fiscales del país se han traducido en que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sea citado con mayor frecuencia al Congreso de la República y sea cada vez más solicitado por entes de control, analistas, multilaterales, acreedores y calificadoras de riesgo.
En ese contexto, la calificadora Fitch Ratings mantiene encendidas las alarmas tras estimar que el déficit fiscal del país trepará hasta el 9,4% del PIB para el año próximo, superando drásticamente los cálculos iniciales.
Este considerable deterioro responde a preexistentes obligaciones financieras estatales en rubros como salud, educación, pensiones y elevados costos de endeudamiento, agravados por la caída de una reforma tributaria clave.
Adicionalmente, el Gobierno planea una Ley de Ajuste Fiscal con la meta de recortar 2,2 puntos porcentuales del PIB, aunque la agencia advierte que los pasivos y las necesidades de financiamiento externo continuarán presionando fuertemente las cuentas públicas.
Como consecuencia directa de este escenario adverso, la trayectoria de la deuda nacional se ubicará significativamente por encima de las proyecciones previas establecidas para el bienio.
A su turno, las evaluadoras Moody’s y S&P coinciden con Fitch Ratings en señalar el deterioro continuado de las cuentas fiscales colombianas, advirtiendo un déficit significativamente más alto que las metas oficiales, presionando la calificación crediticia del país debido a la suspensión de la regla fiscal y por la rigidez en el gasto público.
Ambas agencias advierten que la rigidez de gastos obligatorios (pensiones, intereses de la deuda, salud), sumada a supuestos de recaudación tributaria optimistas, dificulta la consolidación fiscal.
Además, Moody’s y S&P destacan como fortalezas la autonomía del Banco de la República, la solidez del sistema financiero y los contrapesos institucionales ejercidos por el Congreso y las cortes.
Por su parte, María Isabel García, investigadora económica de Davivienda, resalta que en el escenario sincerado para 2027, frente aquel presentado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se planteó la reducción de $41 billones en los ingresos totales.
Por parte de los gastos, se incluyeron $43 billones en el gastos primario por concepto de salud, pensiones, subsidios de energía y gas y el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y $20,7 billones por concepto de intereses. Con esto, la estimación de déficit fiscal para el GNC pasó de 4,5% a 9,4% del PIB y la del déficit primario pasó de ser 0,5% a 4,5% del PIB.
Se espera que los próximos días el Gobierno presente ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico, con el cual se busca reducir el déficit fiscal, pero aún persiste la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para cumplir las metas propuestas.
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