Los analistas económicos hacen las cuentas una y otra vez y las cosas parecen estar cada vez más enredadas para el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien tendrá que hacer “malabares” para estirar la caja estatal y cumplir con los programas sociales y la inflexibilidad del presupuesto, que para el 2026 estará nuevamente desfinanciado.
Es que, el deterioro de las finanzas públicas colombianas avanza con mayor velocidad de la proyectada por el propio Ministerio de Hacienda. Según el analista económico e investigador de la Universidad Eafit, Diego Montañez, el déficit fiscal ya alcanza el 5,1% del PIB, lo que representa cerca de $93 billones. Esto da cuenta que el país ha consumido casi la totalidad del margen fiscal disponible para 2025, mientras el gasto público sigue creciendo y los ingresos permanecen estancados.
¿Sin plata para la pensional?
Lo anterior explica en buena parte la incertidumbre sobre la implementación de programas estatales. Uno de ellos es el bono de $230.000 para más de 3 millones adultos mayores en situación de pobreza, que contempla reforma pensional, la cual parece enredarse cada vez más porque –entre otras cosas– el magistrado Jorge Enrique Ibáñez propuso declararla inconstitucional alegando vicios de trámite.
En ese sentido, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, advirtió que los recursos asignados para el pilar solidario del sistema pensional no serían suficientes sin recortes en otros programas sociales.
Según el dirigente gremial, el costo total estimado de este componente asciende a $8,3 billones anuales. Sin embargo, el presupuesto de inversión del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de la ejecución del programa, solo aumentará en $4,5 billones entre 2025 y 2026, pasando de $5,4 billones a $9,9 billones.
“Los recursos asignados solo serán suficientes para financiar el pilar solidario si se recortan otros programas que están a cargo del DPS”, explicó Velasco, refiriéndose a los apoyos sociales que hoy dependen de esa entidad, como transferencias monetarias e iniciativas de inclusión productiva.
En cuanto a la implementación del nuevo sistema pensional, Asofondos afirmó que ha trabajado con sus fondos afiliados –Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia– para cumplir con los requerimientos técnicos y operativos.
No obstante, enfatizó que, una vez se conozca el fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma, será necesario contar con un plazo mínimo de dos meses para poner en marcha las medidas derivadas de la decisión. De hecho, otras entidades han solicitado más tiempo: el Banco de la República pidió tres meses y los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), hasta seis meses adicionales para adaptar sus plataformas y procedimientos.
La advertencia de Asofondos se suma a las preocupaciones que han surgido en torno a la sostenibilidad y la operatividad del nuevo modelo de pensiones. El gremio insiste en que, aunque el propósito de ampliar la cobertura es positivo, la planeación presupuestal y técnica debe garantizar estabilidad en los pagos y continuidad de los programas existentes.
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Déficit fiscal sería histórico
La premisa de que la caja estatal necesita recortes toma fuerza, pues los análisis apuntan a que el hueco fiscal tiende a aumentar entre 8 y 2,5 puntos del PIB durante los últimos cuatro meses del año. Si esto se repite, el déficit fiscal de 2025 podría ubicarse entre el 7,3% y el 7,8% del PIB, en línea con las estimaciones del Banco de la República y el Fondo Monetario Internacional, que prevén un nivel cercano al 7,5%, un dato histórico.
“De alcanzarse esa cifra, sería el segundo déficit más alto en más de 120 años, solo superado por el de la pandemia”, destacó el investigador Montañez. Este panorama refleja una situación estructural: el gasto público crece de manera sostenida, mientras los ingresos tributarios continúan débiles, lo que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.
Un presupuesto desfinanciado
Por si esto fuera poco, hay que recordar que las comisiones económicas de Senado y Cámara aprobaron a finales de septiembre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por $546,9 billones, cifra que incluyó un recorte de $10 billones frente a los $556,9 billones planteados inicialmente por el Gobierno.
Aún así, el monto está desfinanciado en unos $26 billones. Montañez añadió que aunque se contempla un crecimiento nominal del 4%, la distribución del gasto prioriza el funcionamiento del Estado, ya que aumenta un 8,8% frente al monto de este año; mientras que la inversión pública apenas sube un 5,3%.
“El presupuesto está orientado a mantener el gasto, pero no a estimular la inversión. Esto perpetúa el déficit estructural y limita el crecimiento potencial del país”, explicó el investigador. En particular, el sector vivienda enfrenta su nivel de inversión más bajo desde 2008, lo que podría afectar la generación de empleo y la reactivación económica.
Endeudamiento histórico
Ni hablar del nivel de la deuda bruta, que tiene un saldo sin precedentes. El MinHacienda informó que esta alcanzó un máximo histórico entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, reflejando el mayor incremento anual en más de dos décadas.
En plata blanca, el endeudamiento del país creció en $169 billones durante esos 12 meses, lo que representa el aumento más alto desde 2002. Si se amplía el horizonte a los dos primeros años del actual gobierno, el saldo total de la deuda se ha incrementado en $317 billones, cifra nunca antes vista.
Además, el Marco Fiscal de Mediano Plazo advierte que la deuda neta podría superar el 61% del Producto Interno Bruto (PIB). En términos simples, esto significa que por cada $100 que produce el país, $61 se destinan al pago de las obligaciones financieras del Estado.
Si bien varios expertos recuerdan que el expresidente Iván Duque dejó una economía con altos niveles de endeudamiento, reconocen que el gobierno de Gustavo Petro ha profundizado el deterioro fiscal, debido al rápido crecimiento del gasto público y la débil dinámica de los ingresos.
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Impacto al bolsillo
Aunque esta crisis fiscal suele verse como un asunto técnico, lo cierto es que afecta directamente a las personas de a pie. Un alto déficit incrementa la incertidumbre del mercado, encarece la deuda pública y, por tanto, eleva las tasas de interés de los créditos, en especial los hipotecarios.
Así lo explicó el analista Montañez, ya que existe una relación directa entre el aumento del déficit fiscal y el encarecimiento de los Títulos de Tesorería (TES), que son los bonos de deuda del Gobierno. A medida que estos suben, también lo hacen las tasas hipotecarias y los préstamos de consumo, lo que encarece el acceso a vivienda y limita la capacidad de gasto de los hogares.
Además, el fuerte endeudamiento ha reducido el margen del Banco de la República para bajar sus tasas de interés, frenando la reactivación económica. “Un déficit elevado restringe las decisiones de política monetaria y termina afectando a toda la economía: suben los créditos, se frena el consumo y disminuye la inversión privada”, concluyó el experto.
Por ahora, la situación da cuenta de que quien llegue que llegue a la Casa de Nariño en 2026 tendrá que poner en orden las finanzas públicas y apelar a la austeridad, pues recibirá la olla raspada, un hueco fiscal histórico y un alto endeudamiento, que serán el reto en su primer año de gobierno.
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